La Procuraduría pidió frenar el trato indigno a los usuarios en las EPS

La Procuraduría General de la Nación encontró trato inhumano, discriminación, exigencias desbordadas e inconsistencias en informaciones, en un estudio realizado a la gestión de las Empresas Promotoras de Salud EPS, especialmente del sector privado.
Las múltiples solicitudes y quejas de los ciudadanos al ministerio público para que intervenga en defensa de sus derechos fundamentales y los de sus familias, motivó a la Procuraduría delegada para asuntos laborales a realizar una intervención en la cual se evidenció que se generalizaron irregulares que afectan la dignidad de los usuarios del Sistema de Salud en Colombia.
Entre los hechos revelados por este estudio, se destacan:
Someter a personas convalecientes a acudir repetidas veces a sus instalaciones para radicar documentos y solicitar servicios, una exigencia fundada en normas inexistentes o leyes derogadas.
Desinformar a los usuarios, pues cada funcionario tiene versiones distintas de los requisitos exigidos, lo que complica el acceso al servicio de salud. Ni al ministerio público se le ofreció, en muchos casos, claridad sobre las exigencias a los usuarios, pues no existe información unificada.
Trato despectivo e inhumano a los usuarios que no corresponde a la dignidad de la persona, donde predomina el sentido económico.
Inconsistencias en los sistemas de información y tardanza en la actualización con relación a los pagos, causando tras largos y tortuosos procesos de tramitología, que los usuarios reciban tardíamente la atención a la que tenían derecho desde el principio.
Exigir fuertes cantidades de dinero en efectivo como requisito para recibir atención médica, especialmente en casos de urgencias, so pena de no prestar el servicio.
Discriminar a los afiliados según la categoría, brindando atención de acuerdo a las condiciones sociales y económicas y no a los requerimientos médicos de cada caso particular.
El derecho a la salud es un derecho fundamental por conexidad, entre otros, con el derecho a la vida, a su vez un valor superior que debe garantizar el Estado, advierte la Procuraduría General de la Nación.
Por ello envió un instructivo al Ministerio de Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud, en la que les requiere que se œintensifique el control, vigilancia y en caso de ser necesario el poder coercitivo ante las EPS especialmente del sector privado.
Señala además que negar un servicio, medicamento o procedimiento establecido en el Plan Obligatorio de Salud, POS, es una clara violación a un derecho fundamental, y recordó que la jurisprudencia advierte que "el derecho a la salud comprende, entre otros, la protección del derecho al diagnóstico y a la continuidad en la prestación del servicio".
La actuación de la Procuraduría, esta enmarcada dentro de la función de vigilancia superior consagrada en la ley y en la constitución que en su artículo 365 señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del estado y que como tal, tiene el deber de asegurar su prestación de manera eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.