Supuesto líder de las FARC, preso en Ecuador en el operativo 'Amazonas'

La siguiente información es publicada por el diario "el Comercio" de Ecuador
La Policía ecuatoriana lo identifica como el "jefe financiero del Frente 48 de las FARC". Pero S.N., colombiano, lo desmiente, recluído en una celda común del Pabellón B del ex penal García Moreno, en Quito.
El 23 de febrero fue detenido en la ciudad, en el operativo "Amazonas", cuando la Policía capturó a ocho colombianos presuntamente involucrados con la guerrilla. Sin embargo, S.N., no fue deportado a Colombia como sus siete compatriotas y tampoco ha sido identificado como miembro de la guerrilla por la Comisión Internacional de las FARC, que el pasado domingo señaló a los siete deportados como miembros de su subversión.
Ubicarlo dentro de la prisión no es fácil. En el registro aparece recluido en el calabozo de "observación", separado del resto de reos. Pero el viernes recorría el Pabellón B, ataviado con una camiseta blanca y un jean descolorido.
Negaba pertenecer a cualquier grupo irregular. "Vivo en Quito con mi familia; mi estadía es totalmente legal". Las sospechas de la Policía en su contra se empezaron a tejer el 12 de julio. Un informante dijo que S.N. dirigía en el país una red clandestina de las FARC, dedicada a trasladar guerrilleros enfermos y heridos en combate desde el Putumayo, fronterizo con Sucumbíos, hasta casas de salud ocultas en Lago Agrio y Quito.
El 15 de julio, dice un oficial de la Policía Judicial de Pichincha, agentes del Grupo de Apoyo Operacional empezaron a seguirlo. Durante siete meses recopilaron información sobre la presencia de insurgentes en Quito. "Las evidencias están guardadas en fotografías y vídeos".
S.N. fue detenido en un departamento alquilado, en la calle Morales, al sur de Quito. El agente dice que allí se hallaron una máquina de serigrafía, con retazos de tela camuflaje, y "evidencias que prueban que había un taller de confección de prendas militares".
Según la Policía, allí estuvieron los colombianos Freddy Bravo, Nuri Rivera y Manuel Castellanos. Los tres junto con Éver Rodríguez, Álex Martínez, Gustavo Cuellar y Carlos Angola fueron deportados.
Seis de los siete capturados negaron a la Fiscalía sus lazos con las FARC. Solo la mujer, Nuri Rivera, una joven de cabellos negros y rizados, lo admitió y señaló que en la selva colombiana recibió un disparo de fusil en su brazo.
Los otros seis testificaron que eran campesinos de la frontera. Su versión quedó sin piso el 6 de marzo, cuando la Comisión Internacional de las FARC protestó por su deportación (ver facsímile) en un comunicado, en el cual, sorpresivamente, llamaron al presidente Lucio Gutiérrez a "cumplir los acuerdos asumidos".
El coronel (r), Luis Hernández, un ex boina roja del Ejército, señala que si la guerrilla se arriesga a trasladar a sus heridos a Quito es porque el tamaño y la arquitectura de la urbe les permite camuflarse y evadir a la Policía.
"Quito es una ciudad con casi dos millones de habitantes; casi no se realizan operativos de control de documentos, a diferencia de Ibarra o Tulcán, donde con un operativo en las carreteras de entrada y salida ya se puede vigilar a los irregulares. Por eso se arriesgan y viajan 90 minutos más".
Según el coronel (r) Jorge Brito, los siete heridos no podían ser repatriados, por causas humanitarias. "No estaban haciendo ninguna acción contra la seguridad del Ecuador ni actividades proselitistas"
S.N. dice no saber nada. "Soy comerciante; tenía un micromercado en la frontera, vine a Quito con mi familia".
Pero la Policía asegura que alquiló un inmueble, donde se recuperaban insurgentes heridos, y que pagó 25 000 dólares en efectivo por una camioneta para desplazarlos desde la frontera hasta Quito.
Varios de los siete detenidos estaban heridos. Rodríguez tenía un yeso que le cubría el tórax; dijo que se accidentó en una moto. Martínez no tenía varios dedos de las manos; aseguró que le explotó pólvora al fabricar camaretas.
El fiscal Raúl Salgado acusó a S.N. y a nueve ecuatorianos, también detenidos el 23 de febrero, por "atentar contra la seguridad del Estado".
S.N., padre de un niño, habla como campesino. Repite una y otra vez que no hay pruebas en su contra, y a paso lento regresa al Pabellón B, indiferente al sórdido griterío del panóptico.