Alcaldes de 125 municipios colombianos suspendieron actividades

BOGOTA - Los alcaldes de 125 municipios colombianos del departamento de Antioquia (noroeste), el segundo en importancia económica del país, suspendieron por este jueves sus actividades en protesta por la situación de la región, una de las más afectadas por el conflicto armado interno.
En un comunicado, los burgomaestres denunciaron que los grupos guerrilleros izquierdistas y paramilitares de extrema derecha "los tienen sometidos a amenazas de muerte, secuestro y renuncia, y les convocan de manera constante a rendir cuentas".
"Ya son tantos los crímenes y secuestros de colegas que nosotros pensamos que no hay escoltas que valgan", agregaron los alcaldes en la comunicación.
Según la Federación Colombiana de Municipios, seis alcaldes de Antioquia fueron asesinados en los últimos dos años, más de 50 han sido declarados objetivos militares y por lo menos 25 despachan a distancia.
Antioquia es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado que padece el país, presentando el mayor índice de secuestros, atentados contra la infraestructura vial y energética, y masacres de campesionos por parte de las guerrillas izquierdistas o los paramilitares de extrema derecha, que cada bando acusa de auxiliar al rival.
La jornada de protesta de los alcaldes antioqueños se suma a los paros cívicos que desde el martes por la medianoche se cumplen en varias poblaciones de diez departamentos del norte y centro del país.
Las manifestaciones cívicas tienen orígen en la decisión del Gobierno de desmilitarizar tres municipios del noroeste para un proceso de paz con la guerrilla guevarista del ELN, los altos costos en los servicios públicos, la falta de pago a maestros y trabajadores de la salud, y el control a la venta de mercancías extranjeras.
En desarrollo de las protestas, los pobladores bloquearon varias carreteras que unen a Bogotá con la costa caribe colombiana, lo que impide inclusive la salida de productos colombianos hacia Venezuela, por el departamento de Guajira (noreste).
Los paros fueron declarados indefinidos, especialmente en aquellas poblaciones que rechazan la desmilitarización de tres municipios del norte para que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) lleve a cabo allí una Convención nacional de paz con la sociedad civil.
La Convención es un requisito previo del grupo guerrillero para la iniciación de un proceso de paz con el Gobierno del presidente Andrés Pastrana.
Pastrana anunció que serán desmilitarizados los municipios de Yondó (norte de Antioquia), y San Pablo y Cantagallo (sur de Bolívar), que representan un área de 4.727 km2.
Las autoridades y habitantes de esos tres municipios, distantes 600 km al norte de Bogotá, se oponen rotundamente a la decisión por considerar que si la zona es entregada al ELN se convertirá en escenario de secuestros, crímenes y enfrentamientos con los paramilitares de extrema derecha.
Las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) también rechazan la desmilitarización y aseguran que no permitirán que el ELN vuelva a recuperar ese territorio de donde -afirman- lograron desalojarlo a sangre y fuego.