Severos castigos por motín en cárcel Modelo

Por Edgar Veloza
BOGOTA.---- Severas sanciones disciplinarias serán aplicadas a los responsables de la reyerta que dejó 27 muertos y 17 heridos en la cárcel Modelo de Bogotá , anunció el director del Instituto Nacional Penitenciario, general en retiro Fabio Campo Silva.
Anunció que continuarán con los traslados de internos a otras cárceles del pais , además de los 42 que ya fueron remitidos hoy temprano en la mañana.
"Los problemas que se presentaron en esa carcel son el reflejo nacional y las consencuencias del hacinamiento que es de un 37. 5 por ciento a nivel nacional y de un 275 por ciento en la Modelo de Bogotá" señaló el director del INPEC_
Agregó que ésta es la cárcel con mas problemas del país , ya que según el , tiene capacidad para mil 800 internos y actuamente alberga cinco mil.
El nuevo amotinamiento rompió la tranquilidad existente en las prisiones de la capital colombiana desde marzo pasado, cuando los paramilitares y guerrilleros presos firmaron un acuerdo para detener los disturbios que habían causado medio centenar de muertos en seis meses.
El último motín comenzó el jueves por la tarde después de que los paramilitares presos en el patio número 5 rompieran las medidas de seguridad y entraran en otro recinto para "vengar" la muerte de su compañero Carlos Alberto León Giraldo, de 26 años.
Este último se hallaba desaparecido y su cadáver apareció descuartizado en una cloaca cuando la guardia revisaba la zona subterránea de la prisión en busca de nuevos túneles para fugas, de los que se habían descubierto cuatro este año.
"Fue una batalla campal", declaró un guardia a los periodistas, al explicar que en los enfrentamientos entre presos se utilizaron armas de fuego, cuchillos y explosivos.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) precisó que se han contabilizado 27 cadáveres, la mayoría con orificios de balas, de personas de entre 23 y 43 años.
El ministro colombiano de Justicia, Rómulo González, afirmó que han sido identificados los promotores del amotinamiento, y aseguró que "sobre ellos caerá todo el peso de la ley".
El Defensor del Pueblo, José Fernando Castro, que intentó un infructuoso acuerdo entre los internos, declaró que "el Estado ha perdido el gobierno de las cárceles".
Varios presos que poseen teléfonos celulares se comunicaron con emisoras de radio para denunciar que continúa la corrupción dentro de ese penal, ya que los guardianes permiten la entrada de armas de fuego y explosivos a cambio de grandes cantidades de dinero.
La denuncia fue ratificada por los familiares de los detenidos, que señalaron que "la culpa es de las autoridades" y criticaron el hecho de que haya condenados a largas penas con simples acusados o presos por delitos menores.
No obstante, el director del INPEC, general retirado de la Policía Fabio Campos Silva, dijo que la crisis se debe al hacinamiento porque en la Cárcel Modelo hay una población dos veces y media superior a su capacidad.
Campos tomó posesión de la dirección del INPEC en marzo pasado después de que la crisis carcelaria colombiana se cobrara la cabeza de nueve directores en cuatro años.
El problema de las cárceles en Colombia ha llegado a tal punto que hay más de 45.000 presos en 168 penales que sólo tienen capacidad para 28.000 internos.
Uno de los hechos recientes más graves ocurrido en las prisiones colombianas se registró en abril de 1999 en la misma Cárcel Modelo, cuando murieron nueve presos.
En febrero pasado, otro enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares recluidos en la prisión de La Picota, en el sur de Bogotá, acabó con la muerte de diez reclusos.
El pasado 2 de abril se fugaron 74 presos de la cárcel de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, la mayoría guerrilleros, y en los hechos perdieron la vida cuatro insurgentes.
El director del instituto penitenciario anunció el traslado de medio centenar de presos a otros penales, así como sanciones penales y el refuerzo de las medidas de seguridad, pero admitió que la Cárcel Modelo "es ingobernable" y no ha sido sometida a un registro total para confiscar armas desde hace varios años.