La hoja de ruta de la “paz total”

En Hora20 un programa para hablar de la primera hoja de ruta que tiene la idea de paz total del nuevo gobierno. Se analizó el impacto en términos jurídicos, los aciertos que trae las modificaciones a la ley, así como los vacíos y riesgos de cara a la negociación que se quiere adelantar con organizaciones armadas ilegales, se habló también de la violencia que pasa mientras desde la Casa de Nariño se habla de vientos de paz.

La idea de la paz total del presidente Petro tiene por ahora su primera hoja de ruta. Este martes el ministro del Interior Alfonso Prada presentó las modificaciones, prórroga y puntos adicionales a la ley 418 de 1997, conocida como ley de orden público y que normalmente fija las facultades del presidente para avanzar en negociaciones y diálogos de paz.

El proyecto sería la base de la política de paz total del gobierno, el cual en primer lugar establece la paz como una política de Estado, la cual la hace transversal a todas las instituciones y políticas del gobierno, incluso, se contempla que cada dos meses los ministros se reunirán a dar cuenta sobre el componente dedicado a la paz en cada cartera. El proyecto contempla también un mayor margen de maniobra para los alcaldes, pues en adelante los mandatarios locales podrán emprender diálogos humanitarios con organizaciones ilegales que operan bajo su jurisdicción.

Otro de los puntos será el del servicio social en las comunidades en vez de servicio militar obligatorio y el artículo que contempla unificar todos los recursos de la paz en un “fondo para la paz” administrado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En relación con esa oficina, se designarían nueve comisionados en nueve zonas donde hay más violencia para adelantar labores relacionadas con el fin del conflicto en estas regiones.

Además, cuando se logre avanzar en el diálogo, se definirían unas “zonas de ubicación temporal” en donde se suspenderían órdenes de captura y extradición para realizar el diálogo, así como la creación de la figura “miembro-representante” por parte de las organizaciones armadas. Por último, las modificaciones también contemplan que cualquier gobierno a futuro respete lo acordado y lo implemente.

Lo que dicen los panelistas

Iván Cepeda, senador de la república por el Pacto Histórico, aseguró que con esta ley se pretende que la paz sea un asunto de Estrado, “que deje de ser secundaria, que sea uno de los grandes lineamientos del accionar del Estado colombiano, que tenga un lugar preponderante en tareas de gobierno”.

Explicó que alcaldes tendrán funcionamiento de establecer acuerdos humanitarios con organizaciones armadas que operan en la zona, pero que esto no significa que realicen diálogos de paz, pues el único facultado será el Comisionado para la Paz. Agregó que las zonas de tránsito serán similares a las zonas veredales acordadas en La Habana, “en las zonas transitorias de ubicación y en ellas se suspenden órdenes de captura. También serán suspendidas las órdenes de quienes estén en mesa de conversación con gobierno nacional como es la delegación de Cuba con ELN”, explicó sobre la suspensión de órdenes de captura. Por último, comentó que, en texto de ley, se dice que es posible aplicar acuerdos parciales y se implemente un acuerdo de paz sin que se haya llegado al final del conflicto, “eso puede ser fórmula que evite el incumplimiento posterior de los compromisos. Llevamos 6 años de intentar implementar el acuerdo y eso ha sido muy complejo en muchos aspectos; creemos que es posible ir avanzando si es que hay un acuerdo sobre determinados temas que tengan que ver con deberes constitucionales del Estado”.

También resaltó que acogerse implica diálogo y construir una voluntad a través de un proceso, mientras que el sometimiento es acto en quien lo hace asume lo establecido y lo cumple, “iremos en el proceso de construcción legislativa que no será negociación con grupo y sí unas posibilidades para flexibilizar sanciones y crear penas restaurativas complementarias a las penas ordinarias para construir a que se responda con gestos de desmantelamiento pleno de organizaciones delictivas, cese de narcotráfico, minería ilegal, desmantelamiento de estructuras”

Francisco Bernate, abogado penalista, profesor universitario, director de la Hora Judicial UR, planteó que una cosa es un grupo armado organizado y otra un grupo delictivo en el cual debe haber sometimiento a unas reglas que pone el Estado y no acogimiento, donde sí puede haber negociación. Dijo que uno de los aciertos, es que se recogen experiencias pasadas y recoge ley de Justicia y Paz, los Acuerdos de La Habana y la ley 1908 que traza línea sobre un grupo armado organizado y otra un grupo delictivo como una banda de atracadores.

Agregó que es importante vincular a autoridades judiciales y resaltó que lo que se debe hacer es someterse a lo que hay y llegará el momento en el que Fiscalía y jueces cumplirán su labor.

Para María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, el proyecto que presentó el gobierno es interesantes bajo la idea de tener una política de paz desde el Estado, “el país sí necesita tener estructura clara en un tema transversal de paz; es un avance importante”. También vio positivo que se organice en el Comisionado para la Paz la estructura y el manejo de los recursos, “adicionaría el tema de regiones de paz, quizás hay como intencionalidad de cierta manera en plantear de descentralizar la paz y que haya otros intervinientes en el proceso, eso es una norma que hay durante los últimos años de centralizar la paz a lo nacional”. Sin embargo, dijo que le preocupa las capacidades que tiene el Estado para asumir responsabilidades como las que quiere dar esta ley a los alcaldes para que realice acuerdos humanitarios.

“Acá se mencionan de manera genérica todos los grupos al margen de la ley, eso los incluye a todos. Ahí la pregunta, es como esto es una ley marco que lo que hace es decir qué se autoriza, la pregunta es bueno, se pensaría que para unos grupos como ELN que gobierno dijo claramente político, tiene proceso de negociación de paz hacia un acuerdo de paz, etc. con un camino y, por otro lado, el tema del acogimiento que requiere de otras leyes que define beneficios a los que podrían acceder y mecanismos claros de negociación porque ahí Fiscalía entra a trabajar”.

Heráclito Landínez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, señaló que la paz total es una apuesta de Estado y no solo de gobierno. También planteó que es una apuesta por la descentralización de los diálogos al llevarlos al territorio para vincular a actores armados y la sociedad civil. También dijo que la novedad en el alcance que pueda tener en adelante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pues la ley contemplaría en adelante que el Plan Nacional de Desarrollo incluiría líneas estratégicas de lo que ocurra en departamentos, municipios que van hacia el aparato de la paz total.