Rebaja de pena y prisión domiciliaria podría pedir María del Pilar Hurtado

El vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, dijo que en el caso de  la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, se ha hecho un análisis muy juicioso de cuáles sería las posibilidades si ella decide colaborar con las autoridades

Aclaró que en Colombia aún coexisten dos sistemas procesales, uno que es el anterior es decir la Ley 600 y el nuevo que es la Ley 906 donde no está previsto que alguien que colabore con posterioridad a la sentencia tenga algún tipo de beneficios

Sin embargo "nosotros en la Fiscalía tenemos una tesis muy clara y que creemos es la jurídicamente correcta y es que aún hoy con la Ley 906, es posible que se entreguen beneficios por colaboración con posterioridad a la sentencia", afirmó Perdomo

Explicó que "si nosotros no aplicamos esa posibilidad de beneficios con posterioridad, iríamos en contra de la política que trae la Ley 906, que es precisamente el fortalecimiento de la administración de justicia, la justicia negociada"

Agregó que hay también en esa ley hay algo muy importante como en los pilares de esa ley que las personas colaboren y reciban beneficios

"Si nosotros decimos que después de la sentencia no se da esa posibilidad, estaríamos violándole principios como el principio de igualdad a los procesaros, porque hoy en día en Colombia unos procesados que quieren colaborar después de la sentencia lo pueden hacer", manifestó Perdomo

Añadió que “por eso el fiscal General de la Nación lo dijo el sábado pasado, muy claramente, que si la señora María del Pilar Hurtado está dispuesta a colaborar con la justicia, nosotros como fiscalía estamos dispuestos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr que los jueces de la república, valoren esa colaboración después de la sentencia, si llega hacer eventualmente condenatoria y que ella pueda tener los beneficios"

Finalmente explicó que las penas a las que se vería expuesta Hurtado en coso de una sentencia condenatoria son graves por delitos que se le imputan y estaría entre 15 y 22 años de prisión, pero si se establece colaboración de ella, se podría negociar sitios de reclusión, como una prisión domiciliaria y una rebaja de la pena.