Procuraduría pidió garantizar derechos a 462 detenidos en la URI
Según el Ministerio Público se presenta hacinamiento y vulneración de derechos en las estaciones de Policía
URI de la Fiscalía en Barranquilla.(Caracol Radio)
Barranquilla
Garantizar los derechos fundamentales pidió la Procuraduría General de 462 detenidos en los centros de atención transitoria de la Policía y las URI en Barranquilla y su área metropolitana.
Por medio de una acción de tutela, el Ministerio Público solicitó al Inpec, la Gobernación del Atlántico y las alcaldías de Barranquilla, Soledad, Malambo Puerto Colombia y Galapa, adoptar las medidas necesarias para contrarrestar las condiciones inhumanas y degradantes que padece los capturados.
A raíz de las múltiples quejas recibidas, el órgano de control realizó una inspección en las estaciones de Policía y URI, donde constató la grave situación de hacinamiento y vulneración de derechos, puesto que no cuentan con instalaciones para su oportuna atención médica, aseo personal, ni visitas conyugales, familiares o de su defensa.
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La Procuraduría evidenció que la mayoría de las Personas Privadas de la Libertad llevan recluidas más de 36 horas en las URI, con lo que se ha transgredido lo previsto en el artículo 28A de la Ley 65 de 1993, que señala que “La detención en URI o unidad similar no podrá superar las 36 horas, debiendo garantizarse las siguientes condiciones mínimas: separación entre hombres y mujeres, ventilación y luz solar suficientes”.
Según el ente de control el número de custodios de la Policía Nacional encargados de vigilar estos centros resulta insuficiente, por lo que se ha elevado el riesgo de fuga y ataques contra la integridad física de los servidores, a quienes también les ha correspondido facilitar sus equipos personales como computadores, celulares, altavoces y accesorios, para el desarrollo de las audiencias virtuales.
El Ministerio Público cuestionó el trato discriminatorio que reciben las ersonas privadas de la libertad de las salas de retenidos de las estaciones de Policía, no solo por la orientación sexual de algunos de ellos, sino porque a la fecha no están vacunados contra el covid-19 y el número de visitas y la alimentación no es la misma, en comparación con los retenidos de los establecimientos del orden nacional o distrital de la jurisdicción.
