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Abren investigación a alcalde y concejales de Floridablanca por POT

También la Procuraduría decidió abrir investigación al director de la Corporación Regional Autónoma, CDMB, Martín Camilo Carvajal.

Abren investigación a alcalde y concejales de Floridablanca por POT

Abren investigación a alcalde y concejales de Floridablanca por POT / Foto: Archivo Caracol

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla Rueda; la secretaria de Planeación, Emma Lucía Blanco; el director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB-, Martín Camilo Carvajal, y 9 concejales, por presuntas irregularidades en la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio.

Los concejales involucrados son Nicanor Vera, Nelson Espitia, Marcos Olarte, Jorge Pinzón, Jorge Durán, Néstor Bohórquez Meza, Salvador Molina, Guillermo González y Édgar Gómez, quienes dieron su voto a favor.

El Ministerio Público busca establecer si los involucrados incurrieron en falta disciplinaria, al realizar cambios en el uso del suelo de terrenos de Ruitoque Alto, que al parecer dejaron de ser rurales para convertirse en urbanos.

¿Qué responde la Alcaldía?

Caracol Radio contactó al alcalde Héctor Mantilla quien aseguró que es normal que se abran este tipo de investigaciones.

"Es normal que los entes de control busquen mediatizar la justicia y el control disciplinario y que cualquier POT que se apruebe tenga estas determinaciones, estamos tranquilos porque incluso pedimos el acompañamiento de la Procuraduría", dijo Mantilla.

Señaló además que el Ministerio Público debería investigar a todos los entes que participaron en el Plan, como lo son el Área metropolitana, el alcalde de Bucaramanga en su calidad de presidente del AMB, Empass y el Acueducto. 

La Procuraduría informó que se adelantarán pruebas pruebas con el fin de verificar la presunta comisión de la conducta y determinar, si esos terrenos cuentan o no con disponibilidad o viabilidad de servicios públicos, autorizaciones ambientales, así como posibles irregularidades en el cobro de la plusvalía.

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