Vencer el crimen

Cartagena de Indias

La impunidad es total. Así venimos desde el 2007 en que las más de 100 denuncias que presenté fueron precluidas. Invadidos por todas partes, por la cantidad de imputados para la fiscalía aquí no hay ni se han cometido delitos contra los recursos naturales. Sin acusados ni presos por los crímenes ambientales, la impunidad “legaliza” y dinamiza la apropiación de lo público.

Que las denuncias no posibiliten desalojar lo usurpado y reparar el daño al capital natural, demuestra que el cáncer es terminal y la solución una decisión de fondo.

Liderazgo, voluntad estatal concentrada y Justicia son la cura de choque que exige extirpar el tumor, el interés criminal que lo alimenta y hoy se nos impone. Ver las imágenes que acompañan esta columna llama a reaccionar*.

La resiliencia a esta crisis continuada y ascendente exige una ciudadanía dispuesta a cambiar y practicar valores constitucionales, a reaccionar, exigir a los funcionarios eficiencia y con ellos defender la soberanía implícita en los bienes de uso público y zonas de bajamar, las zonas protegidas y Parque Naturales.

El bien común es más que palabras, requiere que el interés general prevalezca sobre el particular; que el paisaje sea patrimonio común, las zonas de bajamar sean valoradas como biodiversidad, servicios ambientales y seguridad alimentaria.

Impedir la ocupación de los bienes de uso público implica con pasión y organización defender el Territorio y sancionar socialmente al culpable, recuperar el dominio del Estado.

11 años después no tengo duda que esa preclusión e inhibición comprometió de manea grave la política ambiental y la defensa del apetecido ecosistema de litoral, cotidianamente agredido.

¿Hay o no delitos ambientales en Cartagena y la zona costera, o es que también precluyeron para siempre los artículos 329 a 338 del código Penal?

Entre la facilidad y garantías para delinquir y la dificultad para detener, recuperar, sancionar y reconstruir el bien de la Nación, el fiscal general está obligado contestar y decirnos si el “derecho” de impunidad protege la diversidad e integridad de ambiente y si permite velar por la salvaguardia del espacio público y su destinación al uso común.

Le llegó la hora de investigar la omisión de los suyos y vencer el depredador y notorio resultado de su institución en la defensa del ambiente del Distrito.

Me pregunto ¿Qué sentirán? ¿El aparato judicial y notarial, el militar y el policial, el gobierno nacional, cómo valorarían hoy el titular del noticiero:

¡Fiscalía en Cartagena precluye el 96 % de los procesos de ocupación de Bienes de la Nación!

La zona de bajamar se privatiza masivamente. No hay acusados por las ocupaciones en las islas de Tintinan, Panda y Ceycen en San Bernardo; en isla Grande y las ciénagas del Pelao, Cholón y Mohán, la bahía de Barbacoas en Barú, Parque Nacional Corales; en Tierrabomba, Manga y la ciénaga de La Virgen.

La invasión multiestrato, la violación persistente a la integridad del Territorio, a la Soberanía, la ingobernabilidad por sus implicaciones estratégicas, involucra del presidente -comandante de las Fuerzas Armadas- para abajo.

Luego de 10 años de demostración de ineficiencia del Estado para cumplir con uno de sus fines y de la merma de la fe y el Patrimonio Público, Procurador, Contralor, Contador, tienen que atesar el brazo, sancionar y exigir un cambio en el abordaje del problema. Ante tal impunidad ¿Será que pueden pasar de agache?

Reconocer la impunidad como causa del delito y “modo de adquirir” lo que es Patrimonio Ecológico de la Nación, es jurídicamente aberrante y pasar de agache más.

El compromiso del Estado es prevenir y controlando los deterioros y sancionando, obligar a reparar lo dañado y a devolver lo usurpado.

Pero al que no hace le hacen, y abriendo “inocuos” procesos, y sin medidas cautelares, las instituciones resultan cómplices. Enredados en las formalidades han dejado depredar las aguas y sus manglares, la Fe Pública, la Justicia, los Convenios Internacionales.

En Cartagena, en Coveñas, en el Parque Corales, ciénagas e islas asociadas, zonas protegidas en El Caribe, diariamente se asesina una porción del Territorio y los notarios autentican escrituras de lo imposible y quienes deben sancionar ciegos y ladeados asisten al festín de lo Público sin complejo de culpa.

El bien común es más que palabras, requiere que el interés general prevalezca sobre el particular; que el paisaje sea patrimonio común, y que la zonas costera las valoremos como biodiversidad, servicios ambientales y seguridad alimentaria.

Años de ineficiencia del Estado incumpliendo, la merma de la fe y el Patrimonio Público, exige que él junto con el Procurador, Fiscal y Contralor, obliguen a los funcionarios comprometidos a atesar el brazo, sancionar y proteger, cambiando el abordaje del problema.

Liderazgo, voluntad estatal concentrada y Justicia son la cura de choque que exige extirpar el tumor, el interés criminal que lo alimenta y hoy se nos impone.