Damnificados por desplome de edificio en Cartagena aun no reciben subsidios

Cartagena de Indias

Luego del debate realizado para conocer la situación real de los damnificados de los edificios construidos por el clan Quiroz, y el estado del proceso de entrega de subsidios de arriendo, el concejal Rafael Meza Pérez, pidió formalmente a la Defensoría del Pueblo y a la Personería resguardar los derechos de las familias afectadas.

"Que el Defensor del Pueblo y el Personero se comprometan a resguardar los derechos de los inquilinos”: Rafael Meza

Meza Pérez, concejal citante, aseguró que lo importante en medio de esta situación es buscar soluciones claras para las personas afectadas, y que tanto el Distrito como las entidades de defensa de los derechos de los ciudadanos deben unirse para continuar salvaguardando las vidas y los derechos de estas personas.

“Queremos que el Defensor del Pueblo y el Personero se comprometan a resguardar los derechos de las víctimas, de los inquilinos, y que estos no sean violentados en su derecho. Instó al Distrito a comprometerse a conseguir los recursos porque estamos hablando desde hace casi seis meses que se le van a dar unos subsidios mensuales, y hoy me preocupa que no sabemos si realmente están ahí”, indicó Meza Pérez.

A su vez, el cabildante César Pión González, manifestó su preocupación porque el plan de acción frente a la calamidad pública y el contrato con la Universidad Nacional para un nuevo estudio del estado de los edificios al parecer aún no están definidos, lo que atrasa el cumplimiento de la orden judicial emitida el 30 de enero de 2018.

Finalmente, Pión González presentó una proposición por medio de la cual solicita a la oficina de Control Interno, a la Personería, a la Contraloría, y a la Defensoría, evaluar el plan de acción que se realice y desarrolle en beneficio de lo damnificaos.

Exposición de los funcionarios

Algunos funcionarios del Distrito tuvieron la oportunidad de explicar todo el proceso que se ha vivido en Cartagena desde el 27 de abril de 2017 cuando se desplomó el edificio Portales de Bas de Lezo 2.

Irving Pérez, secretario de Planeación, fue el encargado de hacer un recuento cronológico de las acciones de la administración frente a la declaratoria de calamidad pública. Afirmó, entre otras cosas: “Para el Distrito no ha sido una situación fácil. Entendemos que el nivel de afectación ha sido alto, pero hemos trabajado para garantizar la vida y la integridad de las personas”.

Por su parte, Laura Mendoza, directora de la oficina de Gestión del Riesgo, informó que de las 216 familias afectadas, hasta el momento 71 han recibido contratos de arriendo y se han realizado un total de 9 pagos de subsidios.

Así mismo, aseguró que la Lonja de Propiedad y Raíz, encargada de estipular los valores de los subsidios para cada familia, el 23 de febrero determinó que por estar ubicados en estratos 3 y 4, los subsidios van de 900 mil a un millón 500 mil pesos.

Roberto Vélez, Defensor del Pueblo, dijo: “Hemos venido garantizando los derechos humanos, y hemos hecho un acompañamiento desde el principio. El 2 de febrero del presente año el Defensor Nacional se reunió con los propietarios, y más adelante envió funcionarios para hacer un acompañamiento psicosocial a las familias. También nos hemos acercado a los bancos para manifestar las inquietudes de los propietarios”.

Quejas de propietarios de los apartamentos

Los propietarios de los apartamentos afectados, y sus abogados representantes también fueron invitados a la plenaria de hoy. Muchos de ellos mostraron sus sentimientos de preocupación, tristeza, y confusión a raíz de lo sucedido.

Javier Doria, Jose Ramírez, y Yoneida Viloria, abogados de las víctimas, enfocaron su participación en el incumplimiento del Distrito en los tiempos estipulados en la orden judicial, y la inexistencia del plan de acción y el contrato con la Universidad Nacional.

También hablaron durante la sesión algunos propietarios de los inmuebles, como Marilyn Espinosa, y Humberto Jiménez, quienes demostraron su indignación por la situación que están viviendo. Además, comentaron que el Distrito se ha demorado en el pago de los subsidios por errores cometidos por ellos mismos, y que desean que los funcionarios públicos actúen según sus roles, pero también bajo los principios de solidaridad.