¿Bogotá esta preparada para el post-conflicto?

Bogotá se perfila como una de las ciudades del país con el mayor número de acogida y posible plaza política de los excombatientes de las Farc.

Recientemente la personera Distrital, Carmen Castañeda dijo que la ciudad no está preparada e hizo énfasis en los retos que se tienen que asumir para enfrentar desafíos de seguridad ciudadana, como la injerencia de bandas criminales y la posibilidad de que algunos desmovilizados que lleguen a la capital se vinculen a esos grupos.

Para la representante a la cámara por Bogotá, Ángela María Robledo la personera desconoce los avances que en materia de victimas alcanzó la administración del exalcalde Gustavo Petro y llamo la atención sobre la reducción en un 78% del presupuesto del alcalde Enrique Peñalosa para las víctimas.

Así mismo señaló que cumplidos los seis meses de plazo para la dejación de armas por parte de la Farc, el gobierno y el Distrito deben comenzar a frenar la conformación de grupos paramiliatres y bandas criminales.

Mientras que la Congresista Angélica Lozano dijo que se requiere de un plan articulado con el momento de cambio que vive el país. Por lo que pidió al Distrito un análisis real frente a la acogida real de víctimas y desmovilizados, frente a la expectativa para llegada de personas a la vida civil.

Para el concejal Jairo Cardozo del partido MIRA, se requiere no sólo de una voluntad política, sino también de la destinación de millonarios recursos del orden nacional producto de la reforma tributaria para apoyar el proceso de paz.

Frente al tema de recursos Ángela Anzola, Alta Consejera para la Víctimas, dijo que el presupuesto para los próximos 4 años supera los 100 mil millones de pesos, además de la inversión social que esta por el orden de los 35 billones de pesos.

Aclaró que en Bogotá hay más de 360 mil víctimas y cerca de 660 mil declararon serlo, pero no necesariamente viven en la capital del país.

Entre tanto crece el debate sobre la atención que requieren las víctimas, pues Bogotá después de Antioquia, es el segundo territorio con el mayor número de víctimas registradas donde a finales del 2015 solo el 3% habían sido indemnizadas por vía administrativa.