Reconstrucción del terremoto: Anif advierte que podría tardar 6 años y propone fuentes de recursos
El reto no será solo recuperar las zonas afectadas, sino sostener durante años el financiamiento de las obras.
La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto podría extenderse hasta por seis años, según un análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. El problema que plantea el centro de estudios es cómo financiar ese proceso cuando las cuentas fiscales del país están cada vez más presionadas.
El terremoto, de magnitud 7,4 y con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó afectaciones en territorios que representan cerca del 14,5 % del PIB del país. Los costos totales de reconstrucción planteados por el Gobierno están entre $30 y $40 billones de pesos, pero para ANIF el verdadero reto está en conseguir y administrar los recursos durante los años que dure la recuperación.
Además, ANIF pone el escenario actual en perspectiva con el terremoto del Eje Cafetero de 1999. Según el análisis, ese proceso de reconstrucción equivaldría hoy a unos $17,1 billones, por lo que el esfuerzo actual sería de al menos el doble y tendría que hacerse en un escenario fiscal más limitado.
¿De dónde saldría el dinero para una reconstrucción de seis años?
ANIF identificó varias fuentes que podrían utilizarse para financiar este proceso. Una de las principales son $20,1 billones del Presupuesto General de la Nación de 2026 que todavía no están comprometidos.
También aparecen recursos del Sistema General de Regalías. El presupuesto bienal de este sistema alcanza los $63,7 billones, y ANIF identifica $3,7 billones en proyectos que no tienen Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y otros $10,1 billones de recaudo que todavía no están asignados a ningún proyecto.
A esto se suman cerca de $270.000 millones mediante Obras por Impuestos, una alternativa que busca involucrar al sector privado en la financiación de proyectos de reconstrucción. En total, el gráfico de ANIF identifica alrededor de $34,2 billones en fuentes potencialmente movilizables, frente a un costo estimado de entre $30 y $40 billones.
Sin embargo, esto no significa que haya $34,2 billones disponibles en una sola bolsa para comenzar las obras. Se trata de recursos y mecanismos que, de acuerdo con ANIF, podrían revisarse, reorganizarse o utilizarse para apoyar la financiación de la reconstrucción.
¿Por qué conseguir esos recursos no será tan sencillo?
El punto de partida es limitado. Al momento de declararse la emergencia, la subcuenta de Manejo de Desastres del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres tenía apenas $47.265 millones, una cifra que el propio decreto de emergencia calificó como insuficiente.
A esto se suma que el endeudamiento bruto del Gobierno supera el 60 % del PIB y que el déficit fiscal cerró 2025 en 6,4 % del PIB. En ese escenario, ANIF considera que aumentar considerablemente la deuda no sería una salida sencilla, pues podría presionar las primas de riesgo del país.
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La otra alternativa sería aumentar los impuestos. Sin embargo, ANIF advierte sobre el riesgo de que medidas creadas inicialmente como temporales terminen convirtiéndose en permanentes. El centro de estudios recuerda, por ejemplo, que el impuesto a las transacciones financieras surgió como una medida temporal para financiar la reconstrucción del Eje Cafetero y posteriormente terminó consolidándose como el actual 4x1000.
¿Qué otras alternativas plantea ANIF?
El análisis propone combinar diferentes fuentes de financiación en lugar de depender de una sola. Una de ellas son las líneas de crédito con garantía del Fondo Nacional de Garantías, que pueden cubrir entre el 60 % y el 90 % del crédito y facilitar recursos para los microempresarios afectados, con un uso limitado de recursos públicos.
También están las líneas de crédito contingente de la banca multilateral y mecanismos para distribuir el riesgo financiero de una emergencia entre diferentes fuentes. ANIF plantea que Colombia podría avanzar hacia una estrategia de financiación por capas, que permita contar con recursos para eventos frecuentes y activar transferencias excepcionales cuando se trate de desastres de mayor magnitud.
En cuanto al sector privado, el Decreto Legislativo 1389 del 9 de septiembre creó una modalidad especial de Obras por Impuestos para la Reconstrucción. Esta elimina la restricción geográfica que normalmente aplica a municipios ZOMAC y PDET, por lo que también pueden participar ciudades como Pereira, Manizales y Cali.
ANIF también plantea que las alianzas público-privadas con el sector constructor pueden ser importantes para recuperar viviendas e infraestructura con estándares sismorresistentes.
¿Qué pasa con los recursos durante los seis años?
Para ANIF, el tiempo de ejecución es uno de los principales retos. El Fondo Patria Milagro, creado para canalizar los recursos de la reconstrucción, tendrá que garantizar que el dinero llegue a los proyectos y que pueda hacerse seguimiento a su uso.
El centro de estudios compara este desafío con el que tuvo el FOREC, creado después del terremoto del Eje Cafetero de 1999 para coordinar y ejecutar la reconstrucción. En el caso actual, ANIF señala que la credibilidad del fondo dependerá de la trazabilidad de los recursos, es decir, de poder saber de dónde salen, a qué proyectos llegan y cómo se ejecutan.
ANIF identifica además tres factores que podrían marcar el proceso: el control constitucional de los decretos legislativos, la capacidad de las instituciones para ejecutar las obras y el riesgo de que medidas tributarias creadas para atender la emergencia terminen quedándose de manera permanente.
El reto será sostener la financiación, ejecutar los proyectos y garantizar el seguimiento del dinero durante un proceso que podría extenderse hasta seis años.