¿Qué propone el Gobierno con el Estatuto antiterrorista y los ajustes al proceso penal?

Los panelistas de Hora 20 analizaron el borrador del estatuto antiterrorista que impulsará el Gobierno Nacional en el Congreso, la creación de la lista de actores y organizaciones considerados terroristas y las implicaciones jurídicas que tendrá el proyecto. Además, abordaron los ajustes al proceso penal que está proponiendo el Ministerio de Justicia.

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Lo que dijeron los panelistas

Lucas Pombo, abogado, periodista y consultor político. aseguró que la discusión política sobre algunas apuestas del primer mandatario no tienen tanto protagonismo en este momento. “El pulso político ya se resolvió en las elecciones presidenciales, por eso yo creo que el Estatuto Antiterrorista llega con mucha legitimidad. La seguridad fue un punto central del debate en campaña”, indicó el periodista.

Además, consideró positiva la posición del ministro de Justicia, Iván Cancino. “Hay muchas cosas que se pueden hacer para descongestionar la justicia. Si el ministro Cancino se concentra en un cuello de botella, como es la audiencia de imputación. habrá hecho mucho más que otros ministros de Justicia”, apuntó Pombo.

Juan Pablo Estrada, abogado, analista político y profesor universitario, consideró que “este proyecto de Estatuto Antiterrorista viene con todo el vigor y la fuerza que el Gobierno considera necesaria. Lo cierto es que hay un problema de control territorial debido a la fallida paz total y de financiación ilegal de los grupos armados”.

Además, consideró que quizás uno de los temas más polémicos en ese proyecto son las facultades extraordinarias que propone para el presidente de la República.

Laura Kamila Toro, abogada penalista y miembro del Colegio de Abogados Penalistas, explicó que “el Gobierno busca atacar transversalmente a los grupos terroristas con el Estatuto”.

“El alto comisionado del Estatuto Antiterrorista tendrá una duración de cinco años y deberá revisar medidas como la inclusión en la lista. Hay que esperar a que el Estado defina las características para determinar quiénes podrán ser incluidos en ella”, agregó la experta.

Y frente a los ajustes al proceso penal que propone el ministro de Justicia, comentó que “la eliminación de la audiencia de imputación va a obligar a la Fiscalía a tener todos los elementos necesarios y estar preparados para cuando asista ante un juez de control de garantías. Hoy en día de cada 10 procesos que la Fiscalía lleva a juicio pierde 7”.

Mauricio Pava, columnista, abogado y conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, comentó que “hay una tensión entre autonomía, vinculación y garantía del debido proceso con el Estatuto Antiterrorista”. En esa medida, señaló que la Corte Constitucional podría avalar la creación de una lista de control, pero ésta debe ser totalmente clara.

“Desde hace 10 o 13 años hemos estado de acuerdo en que hay que hacerle ajustes al proceso penal. La comunidad jurídica está casi en su totalidad de acuerdo en que hay que reemplazar la audiencia de imputación”, puntualizó Pava.