Consejo de Estado ordena revisar tarifas de energía en el Caribe

El Consejo de Estado dejó en firme una decisión que ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y al Ministerio de Minas y Energía revisar y reestructurar la fórmula tarifaria del servicio de energía eléctrica aplicada en la región Caribe, con el propósito de reducir el impacto de los cobros sobre los usuarios.

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La decisión se originó en una acción popular promovida por las personerías distritales de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha, a la que se sumaron como coadyuvantes distintas entidades locales y gremiales, entre ellas la Alcaldía de Cartagena, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Montería, la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico.

El Distrito de Cartagena, bajo la administración de Dumek Turbay, intervino formalmente para respaldar la demanda y solicitar una revisión estructural del esquema tarifario. Según los argumentos expuestos en el proceso, los incrementos registrados tras la implementación del régimen transitorio establecido por las resoluciones CREG 010 de 2020 y 078 de 2021 estuvieron relacionados, entre otros factores, con el reconocimiento de pérdidas de energía.

De acuerdo con los estudios incorporados al expediente, entre 2021 y 2022 las tarifas de Air-e y Afinia registraron incrementos acumulados de entre 39 % y 50 %. Los demandantes señalaron además que parte de estos costos terminó trasladándose a usuarios que cumplen con el pago del servicio.

Entre las órdenes se encuentra la realización de una audiencia pública con autoridades nacionales y territoriales, operadores, organismos de control, gremios y representantes de los usuarios. También se deberá evaluar el impacto socioeconómico de las resoluciones y revisar los mecanismos de indexación y los componentes asociados a restricciones y pérdidas eficientes.

Finalmente, la CREG y el Ministerio de Minas deberán iniciar una actuación administrativa que conduzca a medidas regulatorias orientadas a reducir la tarifa final de energía para los usuarios de la región Caribe.

El fallo también señala que el reconocimiento de costos e inversiones debe estar sujeto al cumplimiento de metas de eficiencia, calidad y ejecución efectiva de las obras, frente a los argumentos presentados por empresas y gremios sobre su sostenibilidad financiera.