Fiscalía acusa a 5 exfuncionarios de Daniel Quintero por presuntas irregularidades en contrato vial

Medellín

La Fiscalía General de la Nación acusó a cinco exfuncionarios y contratistas de la Alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero, por presuntas irregularidades en un contrato interadministrativo que superó los $16.000 millones destinado a la recuperación e intervención de vías para el transporte público.

Los procesados son el exsecretario de Movilidad, Juan Carlos Torres Ojeda; el exsubsecretario técnico, Mauricio Alonso Zuleta Estrada; la exsubsecretaria Jurídica, Estefanya Cuervo Sánchez; el exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Darío López Giraldo, y el contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Santiago Ortega Mateos.

Las irregularidades halladas por la Fiscalía en el contrato

De acuerdo con la investigación de las autoridades, los hechos ocurrieron entre el 28 y el 29 de junio de 2023, con la celebración de un contrato cuyo objeto era ejecutar obras en la comuna 10 y en sectores como Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal.

El proyecto contemplaba demoliciones, excavaciones, movimientos de tierra, construcción y adecuación de andenes y bahías, así como mantenimiento y reparación de pavimentos.

Sin embargo, los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía indicarían que la Secretaría de Movilidad habría contratado obras para las que no tenía competencia. Según el ente acusador, estas intervenciones correspondían a la Secretaría de Infraestructura Física, con apoyo de la Secretaría de Servicios y Suministros.

La investigación también identificó presuntas deficiencias en el análisis del sector y los estudios previos, especialmente por la falta de una justificación suficiente del presupuesto oficial.

A esto se suma que el contrato habría sido adjudicado de manera directa durante la vigencia de la Ley de Garantías, pese a que, por su cuantía, debía adelantarse mediante una licitación pública.

Según la Fiscalía, Juan Carlos Torres Ojeda habría celebrado el contrato con conocimiento de las presuntas anomalías; Mauricio Alonso Zuleta Estrada es señalado de intervenir en el trámite sin verificar el cumplimiento de requisitos legales esenciales, y Estefanya Cuervo Sánchez, de otorgar la viabilidad jurídica al proceso.

Por su parte, Rubén Darío López Giraldo y Santiago Ortega Mateos habrían certificado el cumplimiento de requerimientos que, según la investigación, no se ajustaban a la realidad.

Por estos hechos, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Medellín acusó formalmente a los cinco procesados por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, mientras que Torres Ojeda deberá responder en juicio por el delito de falsedad ideológica en documento público.