UNGRD y Pacto Histórico radican proyecto para que las víctimas del clima sean sujetos de derechos
Se radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca cambiar la manera en que el Estado atiende a las comunidades afectadas por desastres.
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La Unidad Nacional en la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) y la bancada del Pacto Histórico presentaron un proyecto de ley titulado “Política Nacional de Gestión del Riesgo para las Víctimas Climáticas”, que propone una reforma estructural a la Ley 1523 de 2012.
Este proyecto busca desmantelar las deficiencias de la actual Ley 1523 y mejorar la forma en la que se suele atender a comunidades afectadas por desastres, situaciones de riesgo inminente y desplazamiento forzado ambiental asociado al cambio climático.
La propuesta cuenta con un nuevo enfoque de derechos en la que reconoce que quienes pierden su patrimonio no son víctimas del azar, sino de un fenómeno global que exige justicia climática.
Los afectados entran en un concepto que la iniciativa incorpora “víctima climática”. La categoría funciona ya que respalda los conceptos de los afectados y así se guía al Estado a priorizar la restitución de derechos y la dignificación de las comunidades, para reconocer que la vulnerabilidad estructural es una responsabilidad pública.
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Por otro lado, la actual estructura de la UNGRD propone su transformación en la Agencia Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (ANGRACC).
Lo que lograría la propuesta es que la ANGRACC contará con autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, permitiendo una gestión ágil donde la agencia asumirá la coordinación técnica y el seguimiento de los Planes de Acción Específicos , mientras que la ejecución de obras de infraestructura quedará en manos de los ministerios sectoriales competentes.
La entidad implementará las metodologías EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades) y EDANPRI, que permiten una medición precisa de pérdidas e impactos sociales. Además, se establece un límite estricto de 12 meses para las declaratorias de emergencia.
Para eliminar la duplicidad de funciones y centralizar esfuerzos, el proyecto contempla el cierre y liquidación del Fondo Adaptación y de Nasa Kiwepara e integrarlo en sus capacidades en un solo mando técnico.
El motivo de esta reforma se sustenta en la evidencia técnica recopilada por la Central de Información y Telemática de la UNGRD (CITEL), entre el 1 de enero de 2022 y el 9 de junio de 2026.
Las cifras revelan que el 87% de los desastres en el país están asociados directamente a crisis climáticas. Los incendios forestales lideran la lista con un 50% de los eventos, seguidos por movimientos en masa (15,7%) e inundaciones (10,5%).
El proyecto propone retirar el adjetivo “naturales” al referirse a los desastres. Esta modificación semántica es un acto de rendición de cuentas, los desastres no son obra inevitable de la naturaleza, sino consecuencia de la gestión humana , o la falta de ella, sobre el territorio.
“Este proyecto de ley es un legado del Gobierno del Cambio para enfrentar la crisis climática. Busca resolver problemas estructurales, fortalecer a las entidades territoriales como primeros respondientes y reconocer a los damnificados, familias en riesgo y desplazados como víctimas que requieren protección y restitución de derechos”, Javier Pava, director de la UNGRD.