Procuraduría pide suspender proceso contractual de las plantas desalinizadoras de Santa Marta
El órgano de control solicitó a ESSMAR detener de manera preventiva el proceso al advertir posibles inconsistencias entre el contrato y el proyecto estratégico aprobado mediante el CONPES 4159 de 2025, además de presuntas deficiencias en los requisitos para seleccionar al contratista.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta -ESSMAR- suspender de manera preventiva y provisional el proceso contractual relacionado con el proyecto de las plantas desalinizadoras, mientras se revisan posibles inconsistencias técnicas, jurídicas, presupuestales y financieras.
La decisión se sustenta en la magnitud de los recursos públicos comprometidos y en las dudas que encontró el Ministerio Público sobre la correlación entre el objeto del contrato y el proyecto declarado de importancia estratégica mediante el CONPES 4159 de 2025. Ese documento del Gobierno declaró estratégico el proyecto para construir dos plantas desalinizadoras en Santa Marta, con una inversión superior a 786 mil millones de pesos, con el propósito de enfrentar de manera estructural la crisis de abastecimiento de agua en la ciudad.
Además, la Procuraduría advirtió aparentes deficiencias en los requisitos mínimos exigidos para seleccionar al contratista, particularmente en materia de experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera.
Por ello, pidió a ESSMAR abstenerse de continuar con las etapas de recepción de ofertas, evaluación, selección, adjudicación, celebración o ejecución del contrato hasta que se analice toda la información requerida y se establezca si existe plena correspondencia entre el proceso contractual y el proyecto estratégico aprobado por el CONPES. El ente de control otorgó un plazo de 24 horas para que la empresa informe la decisión adoptada.
En caso de que ESSMAR decida no suspender el proceso, deberá remitir a la Procuraduría una justificación técnica, jurídica, presupuestal y financiera debidamente motivada y acompañada de los documentos que respalden esa decisión.
La Procuraduría también aclaró que esta actuación no constituye una sanción ni una decisión definitiva, sino una medida preventiva para proteger los recursos públicos y evitar que el proceso contractual avance mientras se despejan las dudas detectadas.
Cabe recordar, que el organismo precisó que su intervención no implica coadministración ni reemplaza las competencias de ESSMAR, sino que corresponde al ejercicio de su función preventiva de vigilancia.
