Defensoría del Pueblo vuelve a documentar hechos victimizantes en Pacelli, Tibú

Catatumbo

Durante tres días, el Ministerio Público hizo un acompañamiento humanitario a la caravana liderada por la organización social “Madres del Catatumbo por la Paz”, que tuvo como epicentro el corregimiento de Pacelli, jurisdicción del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

Durante las jornadas de trabajo la Defensoría del Pueblo documentó la ocurrencia de hechos victimizantes, donde se evidenció los escenarios de riesgo en los que viven las comunidades y que se han dado a conocer en la Alerta Temprana de Inminencia N° 017, lo anterior por el control territorial del ELN y la “imposición de normas de conducta, regulación y control de la movilidad y la vida comunitaria”.

En este espacio, según lo da a conocer la Defensoría del Pueblo, se han presentado delitos como “homicidios, amenazas, secuestros, desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, así como violencias basadas en género, imposición de horarios y retenes ilegales, presencia de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados”.

El Ministerio Público indicó que es “preocupante que los repertorios de violencia desplegados por los actores armados se han dirigido contra campesinos y campesinas obligados a abandonar sus fincas bajo señalamientos de presunta afinidad o parentesco con alguno de los grupos en confrontación. Asimismo, se registran afectaciones contra personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, dignatarios y dignatarias de juntas de acción comunal (JAC), firmantes de paz, miembros del pueblo indígena Barí y de la comunidad binacional Yukpa, así como liderazgos juveniles docentes, mujeres, comerciantes, servidores públicos, contratistas de empresas públicas y privadas, transportadores, trabajadores/as humanitarios, misión médica y, en general, la población civil del municipio de Tibú”.

Así mismo, la comunidad expuso “quejas con respecto al servicio de educación, ya que falta un docente en el colegio; también por la falta de un médico en el puesto de salud y sobre la población migrante que está sin documentación y sin acceso al Permiso por Protección Temporal (PPT)”.