Unidad para las Víctimas pidió acelerar extinción de dominio a bienes para reparación
Según la entidad, 411 bienes entregados por 10 exparamilitares, designados como gestores de paz, no aparecen en el inventario de bienes del Fondo para la Reparación de las Víctimas
La directora de Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, reunida con la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
Colombia
La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, se reunió con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, para hacer un balance de los bienes entregados por la Fiscalía a la entidad. Un total de 3.398 bienes ha recibido el Fondo para la Reparación a la fecha, de los cuales solo 580 tienen extinción de dominio.
“Nos reunimos con la señora fiscal para solicitarle apoyo con los fiscales a cargo, para que a través de ellos, se le pida a las salas de Justicia y Paz, que den celeridad al trámite de extinción de dominio de los bienes que faltan, ya que surtiendo este paso, desde la Unidad podemos monetizarlos para reparar a las víctimas incluidas en las sentencias”, afirmó.
Solano dijo que “solicitará a otras entidades como la Sociedad de Activos Especiales, SAE, contrastar su información con la Fiscalía para esclarecer todo lo que tiene que ver con los bienes que las víctimas requieren para su reparación”.
Una de las mayores dificultades que se han presentado en la administración de los bienes es la ocupación no autorizada, ya que del número total, 1.383 se encuentran en este estado, convirtiéndose en una carga administrativa y económica para la Unidad, representando un detrimento en los recursos públicos.
Así mismo, Solano informó que 411 bienes entregados por 10 exparamilitares, designados como gestores de paz por el presidente de la República, no se encuentran en el inventario de bienes del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
La fiscal general y la directora de la Unidad para las Víctimas acordaron una próxima reunión para el 13 de enero del 2025, con el propósito de hacer seguimiento en la investigación de los bienes que se encuentran sin ubicar y los posibles casos de corrupción, en administraciones anteriores, al interior en la entidad.