Ordenan 20 días de arresto contra la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda

Ibagué

Caracol Radio conoció que la decisión se basa por el incumplimiento de los compromisos pactados públicamente por parte de la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, el pasado 30 de enero referente a la sentencia del 4 de febrero del 2010 del Consejo de Estado que ordenó la reubicación de las 325 familias del Hato de la Virgen.

“La magnitud del incumplimiento no se limita al daño social inmediato. De persistir la inejecución de las gestiones ordenadas, podrían desencadenarse catástrofes de proporciones incalculables. La continuidad de asentamientos irregulares en zonas de riesgo, la inexistencia de obras que garanticen la estabilidad del terreno, la acumulación de desechos sólidos y aguas negras, la insalubridad, la ausencia de servicios públicos básicos, la falta de un acto administrativo que organice la reubicación y el incumplimiento de las medidas para prevenir nuevos asentamientos y proteger la cuenca hidrográfica, podrían conjugarse con eventos climáticos extremos y deslizamientos”, asegura el Tribunal Administrativo al sustentar el desacato.

Al igual indica el documento que “Esto generaría un escenario de devastación total sobre la vida, la salud, la integridad y el medio ambiente, incumpliendo así las garantías mínimas ordenadas por el Honorable Consejo de Estado”.

Según el alto tribunal, ante semejante panorama, limitar la respuesta judicial a la imposición de una simple multa en salarios mínimos sería insuficiente y desvirtúa la esencia de la justicia. Una sanción meramente económica resultaría irrisoria y, lejos de intimidar a la autoridad renuente, podría ser vista como un simple “peaje” fácilmente pagadero, consolidando la idea de que las órdenes judiciales no pasan de ser meras formalidades sin fuerza vinculante.

“Una multa modesta no corregiría la conducta, no daría una señal contundente a la administración ni restablecería la confianza de las familias en el ordenamiento jurídico. Antes bien, tal insignificancia económica se asimilaría a un incentivo perverso para mantener el desacato, lo que contraría frontalmente el Estado social y democrático de derecho”.

A la vez el Tribunal Administrativo del Tolima expone que el arresto de 20 días se es una medida adecuada y proporcionada a la magnitud del incumplimiento. “Esta sanción tiene un doble efecto: por una parte, coloca a la funcionaria en este caso, la alcaldesa Municipal de Ibagué frente a la consecuencia personal e intransferible de su desacato, enviando un mensaje nítido sobre la fuerza obligatoria e inquebrantable de las decisiones judiciales; por otra, resulta ejemplarizante, ya que deja claro que las sentencias, máxime las proferidas por el órgano de cierre, no admiten burla ni aplazamiento indefinido”.

Al igual se manifiesta que el arresto no puede ser reducido a un valor monetario asumible sin mayores esfuerzos, sino que conlleva la restricción efectiva de la libertad del funcionario renuente, garantizando así que la sanción tenga un efecto real, disuasivo y contundente.

Finalmente se resalta que la sanción de arresto a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, deberá cumplirse en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Se debe aclarar que la alcaldesa de Ibagué podrá elevar una consulta ante el Consejo de Estado donde se determinará si el fallo está ajustado a la ley y al desacato.

En diálogo con Caracol Radio el abogado, Hernando Álvarez Urueña, aseguró que de las 325 familias que se deben reubicar del sector del Hato de la Virgen existen 158 que irán al predio el reposo ubicado en los barrios del Sur y por otra parte, las restantes 167 familias deberán ser ubicadas en un predio en el sector del Aeropuerto Perales, pero al aparecer mandos medios del municipio no habrían cumplido con los decretos necesarios para poder llevar a cabo esta acción.

Dato: La de protección de derechos e intereses colectivos fue interpuesta por parte del abogado, Joaquín Torres.

El Tribunal Administrativo del Tolima compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación, para que se investigue las gestiones y las conductas desplegadas por parte de la alcaldesa, Johana Ximena Aranda Rivera.