Justicia

Exintendente de la Policía fue condenado a siete años de prisión por trata de personas

El exintegrante de la institución les solicitaba grabarse en video o tomarse fotografías en ropa interior y luego descubrían que sus imágenes habían sido publicados en comunidades virtuales donde se ofrecían servicios sexuales.

"Día Mundial de La Trata de Personas" fecha para seguir trabajando frente a este problema mundial.

"Día Mundial de La Trata de Personas" fecha para seguir trabajando frente a este problema mundial.(Cancillería Colombiana Página Oficial)

Colombia

Se trata del intendente en retiro de la Policía Nacional, Carlos Augusto Fernández Raigosa, quien fue condenado a siete años de prisión por su participación en una red criminal que captaba y explotaba laboral y sexualmente a jóvenes.

Durante el periodo en que Fernández Raigosa estaba activo y trabajando en la estación La Candelaria en Medellín, entre 2022 y 2023, el exintendente contactó a mujeres bajo el pretexto de ofrecerles empleos como modelos en Francia, con la promesa de un salario fijo.

Para facilitar su viaje, les solicitaba grabarse en video o tomarse fotografías en ropa interior, material que posteriormente enviaba a los líderes internacionales de la red.

A través de un preacuerdo, Fernández Raigosa admitió su responsabilidad en los cargos. Un juez penal especializado en Medellín lo condenó a siete años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de trata de personas y trata de personas. Además, se le impuso una multa equivalente a 1.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las mujeres que lograban que aceptaran los ofrecimientos de esta organización criminal, tomaban vuelos desde el aeropuerto José María Córdova en Rionegro, Antioquia, con destino a Madrid o Barcelona, España. Desde allí, eran trasladadas a Marsella, Niza y Montpellier, en Francia.

Una vez en territorio francés, las víctimas descubrían que sus imágenes y videos habían sido publicados en comunidades virtuales donde se ofrecían servicios sexuales. Se les obligaba a ejercer estos servicios para pagar una deuda impuesta por la organización delictiva, que incluía los costos de los tiquetes, manutención y otros gastos relacionados con su viaje.

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