Contralores alertan riesgos de que se modifique cobro de servicios públicos en el país
Entes de control territoriales advierten que hacer los cambios que propone el Ministerio de Minas podría derivar en menos recaudo.
Servicios públicos Colombia (Fotos vía Getty Images y COLPRENSA)
Antioquia
Contralores de todo el país le enviaron una carta al Ministerio de Minas, en la que le exponen sus preocupaciones sobre el decreto que evalúa, entre otras, modificar la manera en la que se cobran los servicios públicos en el país.
En el documento de 26 páginas dicen no estar de acuerdo con que se le dé a “los usuarios la posibilidad de realizar pagos independientes para los servicios públicos domiciliarios y los cobros de terceros, ya que en el recibo de la energía muchas veces se cobra el servicio público domiciliario de Aseo, así como el IMPUESTO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, de tal manera que si el usuario puede optar por pagar solo lo correspondiente a la energía, se desconocerían tanto el Parágrafo del artículo 147 de la Ley 142 de 1994 como el artículo 352 de la Ley 1819 de 2016″, se lee en el documento .
La otra modificación con la que no están de acuerdo es con “la prohibición a las entidades territoriales de fijar tributos cuyo hecho generador esté asociado al consumo, del servicio público de energía eléctrica, cuya redacción podría traer dificultades para fijar las tarifas del IMPUESTO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO con base en el consumo de energía eléctrica de los usuarios como hoy se viene haciendo, modificación que no tiene en cuenta que por Sentencia de Unificación Jurisprudencial 2019-CE-SUJ—4-009 de fecha 06 de noviembre de 2019 el Consejo de Estado”, reseñan.
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Le proponen al Ministerio de Minas que “se incluya un parágrafo en el que se deje claro que ello no aplicaría para la determinación de la TARIFA del IMPUESTO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO la cual se viene calculando como un PORCENTAJE de dicho consumo”.
Advierten que si el decreto se queda tal y como está propuesto pondría en riesgo la prestación de dicho servicio, sin que se haya señalado cuál sería la fuente para financiarlo, si los usuarios dejan de pagarlo en la factura de energía.
Finalizan pidiendo que las medidas que están planteándose se sometan a un análisis más detallado, a fin de no terminar afectando los servicios de saneamiento básico y de alumbrado público, en los que las Contralorías Territoriales tienen competencia para ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal de los sujetos de control.
