Presidentes de JAC son obligados por AGC a imponer sanciones a las comunidades en Ituango

Antioquia

Caracol Radio conversó con un líder social del municipio de Ituango quien denunció que el grupo criminal Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, están instrumentalizando a los presidentes de Juntas de Acción Comunal de esa población del Norte de Antioquia. Las instrucciones son entregadas mediante reuniones a las que obligan a los líderes a asistir. Asegura que esos encuentros han aumentado de manera preocupante y quien no asista o incumpla las órdenes es amenazado y obligado a desplazarse en el mejor de los casos o en el peor escenario asesinado.

Esta persona, que conoce muy bien la problemática rural, accedió a conversar con este medio de comunicación bajo la reserva de la identidad por seguridad.

La fuente asegura que las AGC los obliga a cumplir funciones de inspección de Policía con la comunidad, quien incumpla las reglas del grupo ilegal deberá ser sancionado, pero quien ejerza ese castigo tiene que ser el presidente de cada JAC y si se rehúse deberá asumir las consecuencias.

“Y esa es la preocupación que tenemos en estos momentos la mayoría de los líderes comunitarios. Eso nunca lo habíamos visto antes. Con frecuencia nos citan a varios lugares, a reuniones precisamente para recordarle a la gente sobre los controles internos de los cuales nos debemos de acomodar las comunidades. Controles que ya lo hemos venido haciendo a través de los comités conciliadores que tiene cada Junta de Acción Comunal. Sin embargo, aquí sentimos que hoy se ha convertido en una imposición”, agregó la fuente.

Indica que esta situación está generando un mayor conflicto dentro de las veredas y entre los mismos habitantes, porque nadie quiere que el presidente de la JAC ejerza esa autoridad que debería tener la autoridad legalmente constituida como es la Policía y asegura esto los tiene, como se dice coloquialmente “entre la espada y la pared”. Las conductas que se sancionan según la fuente son por hurto, riñas, mal comportamiento por consumo de licor sanciones van desde multas económicas y llamados de atención del mismo grupo, entre otros, como obligarlos a arreglar caminos de la vereda.

“El temor que nos sentimos es que, si bien hoy quienes tienen el dominio en el territorio son las AGC, sabemos que más atrás de ellos viene las disidencias, viene el ELN, vienen otros grupos y quizás vienen con otros argumentos diferentes de control en las comunidades. ¿Y entonces nosotros qué hacemos frente a esa situación? Realmente no sabemos qué hacer”, cuestionó con preocupación.

Explica que con estas imposiciones los están poniendo en riesgo con los otros actores armados, ya que algunas personas los acusan con uno u otro grupo de colaboradores y es lo que ha generado los recientes homicidios en la ruralidad. Recalca que desde hace varios meses la presencia de integrantes del grupo ilegal ha aumentado bastante y se mueven por los caseríos con camuflado y armas largas como fusiles y de civil con armas cortas a vista de toda la comunidad.

Se quieren ganar a las comunidades con regalos

La otra denuncia es que el grupo ilegal está intentando ganarse la confianza de los pobladores con regalos. El año anterior obsequiaron en algunas veredas de Ituango armas bélicas de juguete a los menores y este año 2023 los regalos mejoraron, recalcó el líder.

“La otra preocupación es cómo han venido tratando de ganar espacios en las comunidades a través de entrega de regalos para los niños en Navidad, a través de las marranadas, novilladas en algunos sectores. Esto realmente nos preocupa bastante porque ¿a cambio de qué Tanta formalidad? y ¿qué va a pasar con nosotros más adelante?”, relató.

Y agregó “Ah, no, hay que recibir eso, hay que recibirlo porque si no se recibe es porque está en desacuerdo con la organización y persona que está en desacuerdo con la organización se tiene que ir o se muere, es lo que nos han dicho en las reuniones, entonces hay que recibirlo”.

Los secuestros son fuentes de financiación

El líder social también se refirió a los secuestros a comerciantes en Ituango que se han reportado en ese territorio y recalcó que son más de los que no se conocen públicamente y que no se denuncian por temor de las familias y que son más frecuentes de lo que se cree, esto a propósito del reciente caso ocurrido con el señor Miller Guerra, recientemente liberado tras una semana de estar retenido por las AGC en la vereda Pascuitá y luego del pago de la familia de una millonaria suma de dinero por su libertad. Asegura que esa es una de las principales fuentes de financiación de los ilegales hoy en Ituango.

“Eso es lo que ha pasado, no pasa a la luz pública, claro, aquí ha habido muchos, muchos secuestros en Ituango, muchos, pero eso no se publica, a veces la misma familia trata de solucionar por sus propios medios. Precisamente es como por esa falta de confianza que hay entre la comunidad y las instituciones”.

Un llamado a los gobiernos departamentales y nacionales

Aprovechó para enviarle un mensaje al gobernador electo de Andrés Julián Rendón y al presidente Gustavo Petro sobre la problemática de seguridad que actualmente afrontan con los ilegales en el territorio. Que le presten mayor atención a la situación que afrontan los campesinos, que se trabaje por el derecho a la vida de los líderes sociales y a la paz, la que nunca han tenido por el mismo abandono del Estado, recalcó.

“Que la gente, los jóvenes, no tengan que buscar otra alternativa como buscar las armas. Hay mucho que hacer en ese territorio, donde hay unas tierras tan demasiadamente productivas, pero que realmente uno ve que las tierras están en manos de unos pocos y que hay miles y miles de campesinos que no tienen tierra, que no tienen donde trabajar y que su anhelo sería trabajar, tener una finca, como también muchos jóvenes que desearían estudiar, que desearían salir adelante, pero no poseen esa posibilidad”, le dijo el líder y campesino a Caracol Radio.

Pero, para el defensor de derechos humanos de Antioquia, Yesid Zapata, esta práctica de los grupos ilegales de citar a los presidentes tiene una finalidad concreta y es poner a sus servicio de manera obligada a los líderes comunales, pero que no solo estaría ocurriendo en Ituango, también tiene registro de que ocurre lo mismo en Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño, Valdivia en el Norte y otras poblaciones del Bajo Cauca.

“Grupos armados citan a las juntas de acción comunal, obligan a sus integrantes a que entreguen información sensible de quiénes son los integrantes, las funciones, los libros contables, los libros de asociados y otras cosas que tienen”, recalcó.

Pero, para el también líder social, esto no deja de ser una estrategia macabra de los ilegales con quienes son reconocidos por las comunidades como sus líderes.

“Pero lo más preocupante aquí es que la funcionalidad que está tomando este tipo de control de los grupos armados, toda vez que parece ser que hay una estrategia de reconfiguración social y de las bases sociales de los grupos para convertirlas en algo funcional a estas. Y el problema es que esto va en detrimento de las libertades de las comunidades, porque son sometidas, son impuestas algunas acciones por parte de los grupos, incluso se les entregan funciones o se les obliga a tener funciones que no hacen parte de las Juntas de Acción Comunal y obviamente ponen en peligro, es una especie de vinculación de las comunidades y las bases sociales a acciones que tengan que ver con acciones políticas de las estructuras en función de su fortalecimiento”.

La seguridad en Ituango se ha venido deteriorando mucho más en los últimos meses con el fortalecimiento de las AGC en el territorio y la disputa que tiene con el frente 18 en esa población y con el 36 en otros municipios cercanos del Norte de Antioquia.