Prevención de reclutamiento forzado no es prioridad en municipios PDET
La Procuraduría alerta que solo 10 de los 170 municipios tomaron en cuenta esa problemática en sus planes.
Imagen de referencia.(Cortesía: Colprensa, archivo.)
El Ministerio Público presentó este sábado un informe en el que analizó el grado de inclusión de las temáticas relacionadas con la infancia, adolescencia y juventud, en cuanto a programas y planes de desarrollo territorial, de 170 municipios con altos indicadores históricos de reclutamiento forzado más afectados por la violencia.
El documento, presentado en el Día Internacional de las Manos Rojas, precisó que el 50% de esas regiones no consideró en sus instrumentos de planificación la prevención de reclutamiento forzado como uno de los graves problemas que afectan los derechos de los menores de edad.
La procuradora general, Margarita Cabello, aseguró que “llama la atención que 29 municipios (17,1%) no consideraron el reclutamiento y 61 (35,9%) solo mencionaron la realización del diagnóstico, lo que supone que cerca del 50% de los planes de desarrollo de los municipios PDET no consideraron la situación de reclutamiento.”
Es así que solo 10 de los municipios PDET incluyeron en la planeación territorial la prevención del reclutamiento forzado: Ituango y Zaragoza (Antioquia); Morales (Bolívar), Belén de los Andaquíes y Curillo (Caquetá); Argelia, Corinto y Santander de Quilichao (Cauca), y Cumbitara y La Tola (Nariño).
“Por eso, he dado instrucciones para que nuestras procuradurías delegadas y regionales hagan un seguimiento permanente a planes, programas y proyectos que desarrolla el Estado, sociedad y familia para asegurar el goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y evitar que sean reclutados”, dijo la Procuradora Cabello.
Asimismo, advirtió que la ausencia de uno o dos componentes del plan de desarrollo limita la formulación de las políticas públicas dirigidas a prevenir el reclutamiento ilegal e hizo un llamado a “fortalecer la prevención de este fenómeno y la atención, protección integral y restablecimiento de los derechos y la reintegración de las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado interno”
