Cancillería habría pagado por un sistema electrónico que no sirve
La Fiscalía imputó cargos a una funcionaria y alertó de un posible detrimento patrimonial.
Imagen de referencia.(Cortesía: Colprensa, archivo.)
Entre septiembre de 2016 y enero de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores firmó tres contratos por un valor de 828 millones de pesos con el objetivo de poner en marcha un sistema para la gestión de documentos electrónicos, según las guías del Archivo General de la Nación.
Para ello, se tendrían que haber ejecutado una serie de contratos para brindar soporte técnico y mantenimiento evolutivo al sistema. Sin embargo, según alerta la Fiscalía, se constató que esa contratación se realizó de manera directa por falta de oferentes.
Claudia Esperanza Amaya, funcionaria de la Cancillería, en su calidad de supervisora de estos procesos, al parecer suscribió el informe final de supervisión e interventoría certificando el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, cuando en realidad no fue así.
Según dijo la fiscal ante un juez de control de garantías de Paloquemao, la funcionaria se concertó con un particular y otro servidor público para entregar un ‘paz y salvo’ al contratista por los convenios en mención, sin que se ejecutaran.
“Esta situación se presenta por fallas en la supervisión al no cumplir con el seguimiento técnico a las actividades desarrolladas por el contratista y avalar como recibido un servicio que nunca cumplió”, señaló la fiscal, quien aseguró que a la fecha dicho sistema electrónico no funciona.
En el marco de este mismo proceso, en el que se investiga un presunto detrimento patrimonial de 399 millones de pesos, serán imputados también otros particulares y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Claudia Amaya no aceptó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación que le imputó la Fiscalía.
