HRW acusa a Venezuela de ejecutar civiles en frontera con Colombia
La ONG pidió a la Corte Penal Internacional investigar estos hechos.
Archivo Colprensa(Archivo Colprensa)
Human Rights Watch (HRW) acusó a las fuerzas de seguridad venezolanas de las ejecuciones extrajudiciales de al menos cuatro civiles, de detenciones arbitrarias y de torturas, entre otros "abusos aberrantes" contra la población del estado de Apure, fronterizo con Colombia.
La organización enmarcó sus acusaciones en el contexto de la ofensiva lanzada en marzo por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro contra grupos irregulares en ese estado, y pidió investigar el tema a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela.
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En un informe, HRW aseguró que el operativo venezolano "derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados".
"Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro", dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, citado en el informe.
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El pasado 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició combates en Apure contra grupos irregulares que las autoridades nunca identificaron, pero que la ONG Fundaredes calificó de presuntos disidentes de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC.
HRW alega en su informe que muchos de los detenidos "no eran miembros de grupos armados", sino de la población local, después de haber entrevistado a 38 personas que habían huido de Apure, además de a 30 abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios.
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Los desplazados entrevistados identificaron como responsables de los abusos a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).
