Ordenan reintegrar a hombre que fue despedido por sus ideales políticos

La Corte Suprema de Justicia le ordena a la empresa Convida EPS reintegrar a un hombre que fue despedido, por no apoyar el movimiento político que le impuso su trabajo. Y recuerda que la Ley de garantías impide intimidar a trabajadores para obtener su apoyo en votaciones.

Carlos Arturo Verano demandó a la empresa Convida EPS de Cundinamarca, cuando lo despidieron de su trabajo sin justa causa y solicitó que lo reintegraran, debido que, para él, la empresa violó la ley de garantías por retirarlo de su cargo después de las elecciones presidenciales de 2014-2018.

Según la empresa, el cargo de Carlos Arturo no era ocupado por una persona de planta sino por un empleado con contrato de prestación de servicios, sin embargo, la Corte estableció que esos argumentos no eran válidos y el despido se tornaba ineficaz.

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Para Carlos Arturo, la empresa lo despidió por no estar de acuerdo con su mismo movimiento político.

La Corte Suprema expuso la sentencia C-1153 de 2005, de la Corte Constitucional en el que dice que, la prohibición de modificar la nómina desarrollaba principios de moralidad administrativa y transparencia: “Garantiza que no se utilice como medio para la campaña electoral en la cual pueden llegar a participar los funcionarios públicos autorizados por la Carta para actuar en política y, por tanto, promueve la transparencia del actuar administrativo”.

El fallo de la Corte Suprema agregó que, si la finalidad de la norma es evitar la instrumentalización de los servidores públicos en estrategias y maniobras de proselitismo político, debe reconocerse necesariamente que la prohibición de modificar la nómina está dirigida a todas aquellas acciones encaminadas a generar presión o coacción sobre los trabajadores, en aras de lograr su apoyo a un determinado partido o movimiento político.

La Ley de Garantías (996 de 2005) no solo prohíbe contratar nuevo personal, sino despedir el existente, también impide la intimidación de trabajadores, a través de amenaza del despido, para obtener su apoyo a determinados grupos o movimientos políticos. Por lo que el alto tribunal ordenó reintegrar a Carlos Verano a su empleo con las mismas garantías laborales que ya contaba.