"En Putumayo estamos entre la ley de disidencias y el estigma del Ejército"
Así lo denuncia una líder social, luego de la publicación de un video de un disidente armado vociferando amenazas.
Imagen de referencia.(Cortesía: Colprensa/Archivo.)
El video grabado el pasado 20 de febrero en Orito, Putumayo, ratificó las denuncias de la Red de Derechos Humanos sobre el control y la presencia de la disidencia armada denominada “Comandos de Frontera” y la imposición de sus supuestas reglas de convivencia que atemorizan a la población.
Se ve a un hombre con fusil en mano intimidando y amenazando, en nombre de ese grupo armado, con asesinar a “viciosos, viciosas, drogadictos y ladrones”. Posteriormente, ordena una requisa a quienes se encuentran en el establecimiento comercial.
Yuri Quintero, líder social del departamento e integrante de la Red de Derechos Humanos, asegura que la situación reportada esa noche no es nueva en el municipio, incluso, se habían hecho denuncias desde el año pasado de estas intimidaciones al Ejército, sin que haya actuado de manera oportuna.
“Las acciones intimidantes se presentan constantemente en las comunidades. Dicen que continuarán con sus controles para garantizar el buen comportamiento”, alertó nuevamente la líder, quien manifestó su preocupación por las posibles retaliaciones de la disidencia por la publicación del video.
La División Sexta del Ejército indicó en un comunicado que la disidencia armada es comandada por los alias de Botello, Manicure, el Cura y Popeye y que sostiene una disputa territorial por el control de la cadena del narcotráfico.
De igual forma, asegura que estaría constriñendo a la población en contra del plan de erradicación del Gobierno en el sector del bajo Putumayo. Según reporta, durante el 2021, se han presentado 82 manifestaciones en contra de operaciones militares de erradicación.
Para Yuri Quintero, esta respuesta de la institución a la actual situación es un señalamiento y una estigmatización para la población que vive bajo amenazas de las disidencias armadas.
“La Fuerza Pública, más allá de contrarrestar al grupo armado, señala a las personas. No entiendo cuál es la insistencia de echarle el agua sucia a la comunidad y no reconocer lo qué significa tener un actor ilegal en los territorios”, dijo la líder social.
Y es que, según denuncia la Red de Derechos Humanos, los “Contadores de la Frontera” estarían citando a reuniones obligatorias a las personas para informarles de sus reglas. “No tienen forma de decir no. Les dicen: hay que tumbar y sembrar coca. O te vas, vendes o no respondemos”, aseguró Yuri Quintero.
Según cuenta la líder, en Putumayo las comunidades están entre las leyes impuestas por grupos ilegales y el estigma del Ejército. “Cuando se hace un consenso para erradicar cultivos, los campesinos reciben amenazas de los disidentes. En medio de esta situación y tener que aguantarse el lenguaje de la fuerza pública, no tiene comprensión”, señaló.
Asegura que, si el Gobierno es responsable y cumple con lo acordado en el plan de sustitución de cultivos ilícitos contemplado en los acuerdos de paz, no pasaría esta situación de violencia e intimidaciones que vive la población en Putumayo, uno de los departamentos más afectados por el narcotráfico.
