¿Es bueno o malo alargar el periodo de actuales alcaldes y gobernadores?

La idea surge de la necesidad de ahorrar plata en elecciones y de que los mandatarios no tengan que enfrentar dos veces la ley de garantías durante sus mandatos ya que esto retrasa la contratación y frena muchas veces inversiones importantes.

Para poder hacer todas las elecciones al mismo tiempo, es necesario igualar el periodo de los alcaldes y gobernadores con el del presidente y para ello, los actuales mandatarios tendrían que quedarse dos años más en el poder hasta 2022, sabiendo que la gente los eligió para gobernar hasta el 31 de diciembre de 2019.

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El proyecto tiene aspectos positivos y negativos que están saliendo a la luz y poniendo a dudar a los congresistas si realmente conviene hacerlo en este momento.

Desde los partidos de oposición han centrado su rechazo al proyecto en el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, ya que su periodo se alargaría.

Pero también consideran que luego de ver los resultados en las presidenciales, los partidos tradicionales tienen miedo de la fuerza regional que tuvieron los candidatos verdes y de Colombia Humana, razón por la cual quieren alargar los mandatos actuales.

El argumento de quienes promueven el proyecto es que al unificar los periodos se acaba el manoseo mutuo entre alcaldes y gobernadores con los congresistas y el presidente. Actualmente los partidos que ganan las elecciones presidenciales y parlamentarias tienen mucha más influencia para posicionar sus candidatos en ciudades y departamentos y utilizan sus cargos de poder en el Congreso y el gobierno para ese fin.

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En el caso de las elecciones regionales, los partidos con más alcaldes y gobernadores, son los que tienen más opciones e influencia para que sus candidatos lleguen al Congreso a conformar una bancada fuerte que dos años después complete este círculo vicioso.

Aunque se considera una medida anticorrupción para hacer más transparente y barato el ejercicio electoral lo que se ha advertido es que los políticos tradicionales podría igual comprar el voto pero esta vez para todos los cargos de elección popular en una sola jornada, haciendo más fácil y barata la corrupción electoral.

Otro aspecto que no se ha tenido en cuenta es que el calendario electoral ya arrancó, la plata para las elecciones ya se destinó e incluso ya hay candidatos en campaña. Esa es una reforma constitucional que solo estaría lista después de junio de 2019 cuando faltarían apenas cuatro meses para las elecciones y cuando ya estaría en marcha toda la logística electoral, que cuesta más de $400.000 millones.

Los más perjudicados serían los candidatos de oposición, pues tendrían que hacer una campaña más larga y enfrentados a los candidatos del partido que gobernó durante los últimos cuatro años y que concentra todo el poder burocrático del estado.

Muchos consideran que la medida es inconstitucional porque no se puede elegir a una persona para que gobierne cuatro años y luego cambiar la constitución para que se quede dos años más. Los detractores de la iniciativa señalan que es un atentado a la democracia y que si se quiere hacer debería hacer para más adelante cuando la gente sepa que va a votar por alcaldes y gobernadores para un periodo de seis años.

Este es un proyecto de acto legislativo que reforma la constitución y por esa razón necesita ocho debates en el Congreso.

La comisión primera de la Cámara de Representantes lo aprobó en primer debate con amplias mayorías, pero a raíz de las diferentes advertencias que se han hecho desde la sociedad civil acerca del proyecto, los partidos ya no están tan convencidos de votarlo en su segundo debate la próxima semana.