Contraloría revela incumplimientos de Anla y EPM en crisis Hidroituango

La Contraloría General de la República reveló un informe de auditoría a la emergencia en el proyecto Hidroituango, que se desató en mayo de este año, y advierte la existencia de por lo menos 35 hallazgos administrativos, ocho de los cuales podrían tener efectos penales y disciplinarios.

Advierte que “lo encontrado por la Contraloría General de la República en la presente auditoría de cumplimiento a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, CORANTIOQUIA y CORPOURABÁ en el proceso de licenciamiento ambiental del Proyecto Hidroeléctrico de Ituango junto al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la licencia ambiental, debe poner en alerta al país, al Gobierno Nacional y al Congreso de la República.

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Agrega “que este tipo de megaproyectos no sólo deben partir de estudios y diseños suficientes, reales y con el grado de detalle requerido, que le permita a las autoridades responsables tomar sus decisiones de aprobación o no, sobre bases técnicas plenamente sustentadas. Y revela que hubo errores en la identificación y registro de las comunidades étnicas que rodeaban el proyecto.

“Lamentablemente no se aprende de las experiencias y de los errores. Se observa que todo aquello evidenciado en el proceso de licenciamiento y desarrollo del proyecto de la hidroeléctrica de El Quimbo, volvió a repetirse en este proyecto de Hidroituango con mayores agravantes los que hoy ha suscitado este segundo proyecto, pues viene generando graves problemas para las poblaciones y para el ambiente sin el control requerido por parte de los dueños del proyecto, razón por la que tuvo que intervenir el Gobierno Nacional a raíz de la emergencia”, reza el informe de la Contraloría General de República, en la auditoria dirigida por el Contralor delegado para el medio ambiente, Diego Alvarado Ortiz.

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“Son bastantes las debilidades y errores encontrados por la CGR en las diferentes etapas del proceso de licenciamiento, como lo es la aprobación de la licencia por parte del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial sin estudios y diseños suficientes, detallados y actualizados para la época, que permitieron el emplazamiento del megaproyecto en zonas con alto riesgo geológico, pues por el territorio en donde se ubica es atravesado por más de 11 fallas geológicas reconocidas y además su impacto a nivel poblacional implica afectar la vida, la cultura y la economía de más de 26.000 personas que viven aguas arriba y aguas abajo del sitio de presa en el área de influencia en las márgenes del Río Cauca, uno de los más caudalosos del país. Esto se hace más gravoso cuando no se exigió para el otorgamiento de la licencia, el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, a través del cual se pudiera evaluar y determinar si esa era la mejor opción de localización desde el punto de vista ambiental y social para desarrollar este gran proyecto.

En su momento lo ambiental y social eran los aspectos a verificar y evaluar por parte del Ministerio de Ambiente de ese entonces para el otorgamiento de la licencia ambiental; pero frente a los aspectos técnicos no hubo autoridad en el Gobierno Nacional que los evaluara; es así como hoy para proyectos de esa envergadura no existe un organismo que evalúe las condiciones técnicas y de ingeniería, distintas a lo ambiental y social, que permita tener la seguridad dentro previsible, que no van a presentarse fallas como las ocurridas en el proyecto Hidroeléctrico de Ituango en el primer semestre del año 2018 Por la ausencia de estudios ciertos y diseños reales, a lo largo de la ejecución del proyecto han tenido que generarse 12 modificaciones a la licencia ambiental, las cuales tampoco contaron con los estudios y diseños suficientes y detallados y la ANLA sin las bases suficientes en algunos casos, las ha otorgado.

Se encontró el desarrollo de una importante obra dentro del proyecto, construida en más del 90% sin autorización por la ANLA y en las visitas de seguimiento que esta autoridad debe realizar nunca se percató de ello, lo que da cuenta además de las graves debilidades en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental. Cuando esta autoridad expidió la modificación de la licencia, dicha obra estaba a punto de terminar. Es evidente la falta de control no sólo por parte de las autoridades ambientales frente al cumplimiento de la licencia, sino también la falta de gestión oportuna por el licenciatario, quien tiene la responsabilidad de dar cumplimiento estricto de sus obligaciones a la luz de la licencia, sin ocultar información del proyecto. Un silencio indebido por quienes conocían el desarrollo de las obras sin contar con la licencia del caso, entre ellos la interventoría contratada por el Ministerio de Minas y Energía.

Ahora bien, en materia de sanciones, la CRG encontró que la ANLA desde hace más de siete años apertura Proceso Administrativos Sancionatorios Ambientales — PAS por incumplimientos por parte de EPM a las obligaciones establecidas en la licencia ambiental, de los cuales varios, debido a la inactividad procesal, pueden estar en riesgo de que opere la prescripción de la acción sancionatoria, desvirtuándose de esta forma la función y el propósito de este instrumento establecido en la Ley 1333 de 2009.

Otro de los aspectos débiles y riesgosos identificados es la falta de un plan de contingencia que permitiera atender una situación como la ocurrida en abril de 2018, ampliamente conocida en el país, en la cual el licenciatario perdió el control hidráulico del proyecto por la incapacidad para atender el grave suceso, no tuvo acciones inmediatas tendientes a la atención de los habitantes de las poblaciones aguas abajo del Río Cauca, afectadas por el flujo de agua del Río Cauca, que en forma descontrolada afecto siete municipios, ocasionando la evacuación de miles de personas, siendo necesario que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo asumiera la situación, con los cuantiosos montos económicos, aún no calculados, que el Gobierno Nacional y las instancias territoriales así como el dueño del proyecto han tenido que asumir. El plan de contingencia del proyecto Hidroeléctrico de Ituango fue diseñado y formulado sin tener en cuenta los riesgos máximos, como debió hacerse, aprobado por la autoridad ambiental con esas deficiencias. Puede afirmarse que los estudios y diseños fueron presentados más para cumplir un requisito en el licenciamiento ambiental que para el adecuado desarrollo del proyecto.

En el desarrollo de las obras civiles del proyecto, existieron decisiones por parte del licenciatario y de la autoridad ambiental, que no estaban sustentadas de manera técnica, las cuales generaron fallas en el proyecto; tal es el caso, del cierre definitivo de los dos túneles de desviación principal, sin que hubieran construido las compuertas incluidas en el diseño; y en su reemplazo la construcción de un solo túnel con la mitad de capacidad de los dos túneles cerrados, también ubicado sobre fallas geológicas. Aún no se tienen establecidas las causas que conllevaron al colapso de este nuevo túnel. El cúmulo de fallas en los estudios, diseños y en las obras del sistema de túneles de desviación, así como en las desacertadas decisiones por parte de los involucrados, posibilitaron la ocurrencia del desastre de hace tres meses, del que continúan sus efectos.

Queda por determinar qué obras adelantó el licenciatario para atender la contingencia, de cara a lo establecido por la ANLA mediante Resolución 820 de 2018, a través de la cual suspende la licencia ambiental y se permite solamente el desarrollo de las obras para la atención de la emergencia, y si esas obras agilizaron el avance del proyecto. Más allá de la atención de la contingencia. Está pendiente por establecer también si por el afán de adelantar las obras, se cumple con parámetros de calidad y con la licencia ambiental. Ha primado el factor tiempo en avanzar en la obra y finalizar el proyecto, dejando de lado los temas ambientales y sociales. El riesgo puede acrecentarse por la llegada de la época de lluvias en octubre próximo, fecha en la cual alcanza el pico máximo del nivel de pluviosidad.

Dada la incertidumbre técnica que rodea el proyecto en cuanto a su futuro, lo más cierto y real es que por su ubicación, características del Río Cauca, deficiencias en estudios y diseños, obras civiles desarrolladas, los habitantes que se han visto afectados y los daños ocasionados a los recursos naturales (flora y fauna), el horizonte del proyecto puede considerarse como incierto y el riesgo sistémico es permanente. La ausencia de información idónea sobre el proyecto desde antes de que se otorgó la licencia ambiental, ha sido el común denominador de este proyecto en todas sus etapas, situación marcada aún más con la reciente emergencia ocurrida; por lo cual el Gobierno Nacional recurrió a la opinión de expertos internacionales.

En términos generales puede resumirse lo encontrado por la CGR, la aprobación de la licencia ambiental sin contar el proyecto con estudios técnicos, diseños y la línea base sustentados en información actualizada (parte de la información presentada correspondía a información de varias décadas de antigüedad y que no mostraba las condiciones reales del momento), detallada (la escala utilizada era a nivel regional y no puntual en el territorio), completa ( no se contaba con información y diseños de detalle) y sin determinar si se trataba de la mejor opción porque no se exigió el Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Uno de los aspectos críticos identificados fue el ocultamiento de información prioritaria, que debía haber sido conocida oportunamente por parte de la Autoridad Ambiental tanto en etapa de construcción como en la atención de la emergencia, necesaria para la toma de decisiones.

A lo largo del proyecto se hicieron modificaciones importantes al mismo sin mediar modificaciones de la licencia (mal concebidas obras menores y el desarrollo del túnel de desviación sin licencia), y por incumplimientos la autoridad ambiental apertura Procesos Administrativos Sancionatorios los que por la falta de diligencia, oportunidad y gestión están en riesgo de caducidad y prescripción.

Finalmente, por el cúmulo de fallas en los estudios y diseños, en la línea base del EIA, en la obra civil y la ausencia de un plan de contingencia que responda a las necesidades de un proyecto de esta magnitud, el licenciatario perdió el control hidráulico del Río Cauca y se generó la situación potencial de desastre, de la cual no ha podido recuperarse la población afectada. Alrededor de todos estos hechos a lo largo del proyecto, desde las etapas previas hasta la contingencia actual, se evidencia un débil arreglo institucional que permita garantizar un manejo adecuado de los riesgos sociales, ambientales, técnicos y económicos, pues su capacidad no permite el ejercicio del control con el rigor y oportunidad requeridos ni el desarrollo de los procesos sancionatorios orientados al mejoramiento de las condiciones del proyecto y al resarcimiento de los daños ocasionados.

A continuación se—incluyen los principales aspectos evidenciados: -en la presente auditoria de cumplimiento, los cuales esperamos sirvan de base para las decisiones y acciones que emprenda el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y los licenciatarios del proyecto que por su envergadura generan altos riesgos frente a los recursos naturales, al ambiente, la infraestructura física vital de la región y a los habitantes, en particular frente al Proyecto Hidroeléctrico de Ituango, de manera tal que se gestionen adecuadamente los riesgos existentes y se prevengan situaciones negativas, sin olvidar los gobiernos municipales y departamentales, quienes deben conocer la realidad del proyecto, en particular los riesgos latentes por la presencia del proyecto, para adecuar, entre otros aspectos, sus Planes de Ordenamiento Territorial, los temas sociales y los sistemas de gestión de riesgos. Los pobladores merecen saber cuánto tiempo tienen que estar bajo las condiciones de zozobra o si el riesgo es por siempre y de allí tomar las decisiones del caso, es el mínimo de sus derechos.