Perú: Expresidente Castillo y exministra asilada por México condenados por intento de golpe de Estado

La Corte Suprema de Justicia peruana condenó al expresidente Pedro Castillo a 11 años y seis meses de prisión por rebelión, tras el intento fallido de golpe de Estado del 2022.

La justicia condenó a Castillo como “coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión”.

El exmandatario entre 2021 y 2022 fue absuelto de los delitos de abuso de poder y de perturbación del orden público. Además, la justicia determinó que, al no consumar la disolución del parlamento como pretendía hacer, no era aplicable la pena de 34 años de prisión que había solicitado la Fiscalía por este y los demás cargos.

El intento de golpe de Estado de Pedro Castillo

Castillo, un maestro de escuela rural y sindicalista, ganó contra todo pronóstico las elecciones en 2021

El día de los hechos, Castillo dio un mensaje a la nación en el que ordenó disolver temporalmente el Congreso, intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos.

Lo anterior sucedió después de una inminente moción en el Legislativo, dominado por la oposición, para destituirlo, tan pronto se conocieron indicios de presunta corrupción que lo salpicaban directamente a él.

Sin embargo, su pronunciamiento no surtió efecto y a los pocos minutos fue detenido cuando había abandonado el Palacio de Gobierno de Lima y se dirigía aparentemente a la Embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo. Horas después, Castillo fue destituido por el Congreso y enviado a la cárcel donde permanece hasta ahora.

El líder político recibió con calma la condena acompañado de su abogado, según imágenes de televisión del poder judicial. Deberá permanecer preso hasta el 21 de mayo de 2034, teniendo en cuenta que enfrentó el juicio en prisión desde hace tres años.

El tribunal destacó que “Castillo fue detenido en flagrancia delictiva por la comisión del delito de rebelión al haber atentado contra los poderes del Estado y el orden constitucional”.

Aumenta la tensión entre Perú y México tras la condena de la ex primera ministra asilada

Por otra parte, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú declaró a la ex primera ministra asilada por México, Betssy Chávez, como coautora del delito de conspiración para rebelión junto a Castillo y el ex primer ministro y entonces jefe del gabinete de asesores del presidente, Aníbal Torres. Recibió la misma condena que el expresidente.

De tal forma, el tribunal emitió una nueva orden de búsqueda y captura de Chávez, que permanece en la embajada de México en Lima sin que el Gobierno de transición de Perú, con el presidente interino José Jerí al mando, haya concedido el salvoconducto para que pueda viajar a dicho país.

Chávez recibió dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la obligación de pagar junto a los demás implicados una indemnización al Estado de 12 millones de soles (unos 3,5 millones de dólares).

De acuerdo a los jueces, Castillo, Chávez y Torres se reunieron en la noche del 6 de diciembre en el Palacio de Gobierno de Lima para redactar el mensaje a la nación que el exmandatario pronunció al día siguiente.

“Los acusados hicieron un acuerdo para atentar contra el orden constitucional y se organizaron para cumplir un rol a fin de materializar el contenido del mensaje a la nación”, indicó el fallo.

Por tanto, según el tribunal, Chávez sabía el contenido del mensaje y, aún así, coordinó el ingreso “irregular” de periodistas del canal estatal TV Perú para la retransmisión en vivo del mismo, a quienes ocultó el motivo de la convocatoria. Así, decidió junto a Castillo que no entraran al despacho más ministros, lo que muestra “su rol de organización” de la ruptura del orden constitucional

Además, quedó probado que la política y abogada protagonizó un intento de huida a la Embajada de México después de presentar su dimisión el mismo 7 de diciembre, pero durante el trayecto a la sede diplomática ordenó al conductor cambiar la ruta e ir a su despacho en el Congreso.