Relacionan a la Ministra de Educación con escándalo de baldíos en Vichada
Desde el Congreso le solicitan al presidente Santos revelar los conflictos de interés de funcionarios y aliados al Gobierno que han acumulado tierras que son para los campesinos.
Ministra de Educación, María Fernanda Campo. Foto: Colprensa.(Thot)
Según el representante a la Cámara, Iván Cepeda, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, y diferentes miembros de su familia constituyeron Sociedades Anónimas Simplificadas para comprar baldíos en este departamento, cuando era presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Cada una de estas sociedades compró una Unidad Agrícola Familiar que luego acumuló en un solo proyecto agroindustrial de 25.000 hectáreas de la empresa Indupalma, cuyo gerente es Rubén Darío Lizarralde, exesposo de la ministra.
Por este motivo, Cepeda y el representante Wilson Arias, citantes del debate donde fue revelada la información, le solicitan al presidente Santos revelar los conflictos de interés de funcionarios y aliados al Gobierno que han acumulado tierras que son para los campesinos y abstenerse de presentar el proyecto de ley sobre baldíos que, según señalan, favorecería a los privados.
“El Estado colombiano ha ejercido una política dual frente a los habitantes rurales. Por un lado, está la mezquindad y la exclusión hacia el
campesinado, que se refleja especialmente en las políticas de acceso a la tierra y en los mecanismos utilizados para alcanzar el desarrollo rural, y por el otro, el favorecimiento desmedido, en algunos casos ilegal, a latifundistas y empresarios”, declaró Cepeda.
Autor: Johana Fuentes.
Cada una de estas sociedades compró una Unidad Agrícola Familiar que luego acumuló en un solo proyecto agroindustrial de 25.000 hectáreas de la empresa Indupalma, cuyo gerente es Rubén Darío Lizarralde, exesposo de la ministra.
Por este motivo, Cepeda y el representante Wilson Arias, citantes del debate donde fue revelada la información, le solicitan al presidente Santos revelar los conflictos de interés de funcionarios y aliados al Gobierno que han acumulado tierras que son para los campesinos y abstenerse de presentar el proyecto de ley sobre baldíos que, según señalan, favorecería a los privados.
“El Estado colombiano ha ejercido una política dual frente a los habitantes rurales. Por un lado, está la mezquindad y la exclusión hacia el
campesinado, que se refleja especialmente en las políticas de acceso a la tierra y en los mecanismos utilizados para alcanzar el desarrollo rural, y por el otro, el favorecimiento desmedido, en algunos casos ilegal, a latifundistas y empresarios”, declaró Cepeda.
Autor: Johana Fuentes.