Las Farc acusan al Gobierno de querer criminalizar la protesta social
La guerrilla acusó de pretender legalizar la "criminalización" de las protestas, con un proyecto presentado al Congreso, con iniciativa del ministro Juan C. Pinzón.
Delegación de las Farc en La Habana. Foto: Colprensa.(Thot)
"Asistimos sin duda a la legalización de la criminalización de la protesta", aseveran las Farc en una declaración leída por "Pablo Catatumbo", quien tachó de "antidemocrático" el proyecto de Pinzón.
Con esa iniciativa, según la guerrilla, se pueden dictar penas de entre tres y cinco años de cárcel "a quienes, movidos por la indignación que genera la acumulada injusticia social, obstruyan vías o hayan estado cerca de las protestas y los pasados paros" que han tenido lugar en Colombia.
"Se irían para la cárcel los estudiantes que inciten a protestar, los cultivadores de papa de Boyacá, los campesinos del Catatumbo, los mineros artesanales o la gente sencilla que no quieren que se destruyan sus fuentes de agua pura, como ocurre con quienes defienden el páramo de Santurbán (noreste de Colombia)", argumenta la insurgencia.
Según las Farc, "Colombia no puede permitir que al pueblo se le siga dando tratamiento de enemigo interno" con "medidas fascistas" como este proyecto de ley, por lo que reclamaron que se establezca de manera urgente en el país "una verdadera doctrina de seguridad humana".
Como es habitual la guerrilla dio a conocer esta proclama antes de iniciarse una nueva sesión de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, que tienen su sede permanente en La Habana.
Con esa iniciativa, según la guerrilla, se pueden dictar penas de entre tres y cinco años de cárcel "a quienes, movidos por la indignación que genera la acumulada injusticia social, obstruyan vías o hayan estado cerca de las protestas y los pasados paros" que han tenido lugar en Colombia.
"Se irían para la cárcel los estudiantes que inciten a protestar, los cultivadores de papa de Boyacá, los campesinos del Catatumbo, los mineros artesanales o la gente sencilla que no quieren que se destruyan sus fuentes de agua pura, como ocurre con quienes defienden el páramo de Santurbán (noreste de Colombia)", argumenta la insurgencia.
Según las Farc, "Colombia no puede permitir que al pueblo se le siga dando tratamiento de enemigo interno" con "medidas fascistas" como este proyecto de ley, por lo que reclamaron que se establezca de manera urgente en el país "una verdadera doctrina de seguridad humana".
Como es habitual la guerrilla dio a conocer esta proclama antes de iniciarse una nueva sesión de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, que tienen su sede permanente en La Habana.