Consejo de Estado tumbó decreto que reglamentaba la interrupción del embarazo
Para el alto Tribunal, el Gobierno intentó reglamentar la sentencia que "despenalizó la interrupción voluntaria en tres casos específicos, sin haber una ley de por medio".
(Thot)
Para el alto Tribunal, el Gobierno intentó reglamentar la sentencia que ‘despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos específicos, sin haber una ley de por medio’.
Este tipo de reglamentación sólo es posible cuando exista una ley previa que reglamentar, explica la colegiatura. Sin embargo, esta decisión ‘no significa que el Gobierno o el Consejo Nacional de Seguridad Social no puedan posteriormente dictar medidas, reglamentar o definir las políticas de salud en relación con dichos temas, siempre y cuando se acaten los parámetros establecidos en materia de reglamentación legal’.
El reciente fallo del Consejo de Estado no abordó temas como la objeción de conciencia ni la interrupción voluntaria del embarazo. Esta norma estaba suspendida provisionalmente desde el 2009, por decisión del Consejo de Estado.
El decreto anulado por el alto tribunal buscaba que ‘las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada, las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, las entidades responsables de los regímenes de excepción y los prestadores del servicio de salud de todo el territorio nacional debían tener disponibles los servicios de IVE para todas las mujeres, independientemente de su capacidad de pago y afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud e impedía imponer barreras administrativas para postergar la prestación de dichos servicios0, puntualizó el Consejo de Estado.
Este tipo de reglamentación sólo es posible cuando exista una ley previa que reglamentar, explica la colegiatura. Sin embargo, esta decisión ‘no significa que el Gobierno o el Consejo Nacional de Seguridad Social no puedan posteriormente dictar medidas, reglamentar o definir las políticas de salud en relación con dichos temas, siempre y cuando se acaten los parámetros establecidos en materia de reglamentación legal’.
El reciente fallo del Consejo de Estado no abordó temas como la objeción de conciencia ni la interrupción voluntaria del embarazo. Esta norma estaba suspendida provisionalmente desde el 2009, por decisión del Consejo de Estado.
El decreto anulado por el alto tribunal buscaba que ‘las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada, las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, las entidades responsables de los regímenes de excepción y los prestadores del servicio de salud de todo el territorio nacional debían tener disponibles los servicios de IVE para todas las mujeres, independientemente de su capacidad de pago y afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud e impedía imponer barreras administrativas para postergar la prestación de dichos servicios0, puntualizó el Consejo de Estado.