Puigdemont ya puede regresar a España tras el aval del Constitucional a amnistiar la malversación

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado este martes sin efecto, con carácter inmediato, la orden nacional de busca y captura y detención del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que ya puede regresar a España tras nueve años huido de la Justicia sin riesgo a ser detenido.

Menos de una hora después de conocerse el fallo del Tribunal Constitucional, que ha declarado amnistiado el delito de malversación a la exconsellera catalana Dolors Bassa, Llarena ha dictado un auto en el que deja sin efecto las órdenes que pesaban contra Puigdemont así como contra los exconsellers Antoni Comin y Lluis Puig, procesados por rebeldía.

Llarena no ha esperado a la publicación de la sentencia de Constitucional por el BOE y, de hecho, explica que adopta esta decisión tras hacerse público el fallo de la corte de garantías frente a la postura del alto tribunal que denegó la aplicación de la amnistía al delito de malversación por el que fue condenada Bassa.

El juez justifica su paso

Este mediodía, el Pleno del Constitucional ha estimado con los siete votos de la mayoría progresista frente a los cinco en contra de la minoría conservadora el recurso de Bassa a partir de la ponencia del presidente Cándido Conde-Pumpido, cuya resolución fijará doctrina para el resto de los amparos de condenados y procesados por rebeldía por el ‘procés’, entre ellos Puigdemont.

Al respecto, Llarena explica que, aunque todavía no dispone de la sentencia de Bassa, cuyo conocimiento será necesario para determinar su alcance respecto de Puigdemont, Comín y Puig, la coincidencia sustancial de los hechos y de la cuestión jurídica controvertida permite apreciar, sin anticipar una conclusión definitiva, que el pronunciamiento constitucional puede incidir en el fundamento de las órdenes de detención, acordadas el 1 de julio de 2024.

Esta circunstancia sobrevenida justifica, para el magistrado, revisar de inmediato su ejecución durante el tiempo indispensable para conocer íntegramente la sentencia de amparo, cuya publicación será inmediata habida cuenta de que ya están listos los votos particulares contra la misma, y resolver sobre sus consecuencias.

Llarena esperará para aplicar la amnistía

Ahora bien, el magistrado no declara aplicable la amnistía, ni extingue la responsabilidad penal ni resuelve las restantes cuestiones pendientes, decisiones que adoptará sin demora una vez conozca el contenido íntegro de la sentencia del Constitucional, que probablemente no se demore más de esta misma semana.

Entonces se abrirán dos opciones, una que Llarena actúe de oficio, que es lo más previsible tras su auto de hoy, y otra que lo haga a petición de las defensas, pero en todo caso la decisión final sobre la aplicación de la amnistía es ya cuestión de días.

Además de Llarena, también está previsto que la Sala de lo Penal actúe y aplique la doctrina del Constitucional al resto de condenados por el delito de malversación, estos son el líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Jordi Turull y Raul Romeva.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que el Pleno del Constitucional ha estimado con los siete votos de la mayoría progresista frente a los cinco en contra de la minoría conservadora el recurso de la exconsellera Dolors Bassa.

Porque el pleno solo ha votado la ponencia de éste ultimo una vez que el magistrado conservador José María Macías ha retirado su propuesta respecto al recurso del exconseller Jordi Turull, menos crítica con el Supremo que la del presidente, quien, de hecho, ha asumido la ponencia del secretario general de Junts.

La sentencia aprobada ordena al alto tribunal que “dicte una nueva resolución en la que se declare amnistiado el delito de malversación” a Bassa con “carácter preferente y urgente”, lo que avanza el desenlace para los otros líderes del ‘procés’.

Esto es así porque la resolución fija doctrina para el resto de los amparos de condenados y procesados por rebeldía por el ‘procés’, entre ellos Puigdemont, cuyo regreso se antoja inmediato una vez que el magistrado Pablo Llarena prevé aplicarla al expresidente sin esperar a que el Constitucional resuelva su recurso de amparo.

En síntesis, la sentencia aprobada enmienda la postura del Supremo, que no aplicó la amnistía a la malversación al entender que los líderes del ‘procés’ obtuvieron un beneficio personal de naturaleza patrimonial, una de las excepciones que recoge la norma.

A falta de conocer esas matizaciones, la ponencia argumentaba que la interpretación que hizo el alto tribunal es “manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la Ley” porque no fue una interpretación estricta de la Ley “sino de una reducción teleológica en tanto que excluye casos comprendidos en el núcleo de la norma”.