JEP no cuenta al país que recibió $306.000 millones de cooperación internacional: Enrique Gómez

El senador Enrique Gómez Martínez cuestionó el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y defendió el proyecto de acto legislativo que busca impedir una nueva prórroga de ese tribunal y establecer el cierre de sus funciones en marzo de 2028.

Las declaraciones se dieron luego de que el excanciller Álvaro Leyva cuestionara públicamente el funcionamiento actual de la JEP y planteara si esta jurisdicción corresponde a lo establecido originalmente en el marco del proceso de paz.

Gómez sostuvo que, desde su perspectiva, algunos de los objetivos que atribuye al modelo de justicia transicional sí se cumplieron, mientras que otros no.

“Impunidad y burocracia sí se ha cumplido. Verdad, reparación, no repetición, el fin de la guerra, como ostentosa y vanidosamente lo decía el presidente Santos, pues no, no se han cumplido”, afirmó.

El senador también cuestionó el tamaño de la estructura alrededor de la JEP y aseguró que existen funcionarios de otras entidades destinados a asuntos relacionados con esta jurisdicción.

“No nos bastan los más de 60 magistrados de la JEP a costos exorbitantes. Recuerde que hay otros 20 con grado 2 en la Procuraduría, delegados en la JEP”, señaló.

La propuesta para cerrar la JEP

Gómez es autor de un proyecto de acto legislativo que busca fijar en diez años, sin posibilidad de prórroga, el periodo de funcionamiento de la JEP. La iniciativa fue radicada en septiembre y plantea una ruta para los procesos que permanezcan pendientes al momento del cierre. (Senado de la República)

El senador explicó que su propuesta no consiste en dejar sin resolver los casos que continúen abiertos, sino trasladarlos a la justicia ordinaria, manteniendo las reglas y garantías propias de la justicia transicional.

“Acabemos con el organismo, que claramente se volvió, como lo dije, un recurtidero burocrático insostenible”, afirmó.

Según Gómez, una alternativa sería utilizar despachos y especialidades judiciales que actualmente tengan menor congestión. Mencionó, por ejemplo, la posibilidad de aprovechar estructuras relacionadas con Justicia y Paz.

“Esos procesos se culminan bajo las reglas de la justicia transicional, pero ante otro tipo de jueces”, explicó.

El senador aseguró además que esta modificación permitiría reducir el gasto asociado al funcionamiento de la JEP y destinar esos recursos al fortalecimiento de la justicia.

La propuesta ha generado críticas desde la propia JEP. La presidenta de la Sala de Reconocimiento, magistrada Catalina Díaz, ha advertido que terminar la jurisdicción en 2028 podría afectar procesos que todavía se encuentran en desarrollo.

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