Pulso jurídico por Sindamanoy: Vecinos y Alcaldía de Chía chocan por licencia ambiental
El otorgamiento de un permiso de construcción en los cerros orientales reabre el debate sobre el ordenamiento territorial. Habitantes piden intervención de la Fiscalía por presuntas talas, mientras el alcalde asegura que el predio está excluido de restricciones hídricas y solo ocupará el 2% del terreno.
La ratificación de una Licencia de Construcción tiene enfrentados a los habitantes de Chía y a la administración municipal. La Dirección de Urbanismo mantuvo en firme el permiso para un proyecto residencial de 1.432,52 m² en el lote 5.1 de Encenillos de Sindamanoy. Mientras la comunidad denuncia una violación a las normas de protección forestal, la Alcaldía defiende la legalidad del acto basándose en derechos adquiridos y normativas previas.
Los líderes comunitarios alertan que este aval es ilegal y sienta un precedente peligroso que podría reactivar antiguos planes para construir más de 700 viviendas nuevas en los cerros orientales. Por el contrario, el alcalde desvirtuó una urbanización masiva aclarando que “no son 700, es una sola casa”.
Explicó que el lote tiene 6 hectáreas y el proyecto usará solo un 2% de ocupación bajo la figura de “vivienda del propietario”. Además, argumentó que las restricciones del POT invocadas por los vecinos (de 2013 y 2016) no son retroactivas sobre este predio: “Como la licencia de ellos es de 2006, ellos tienen derecho adquirido”.
Apoyados por la abogada ambientalista Gloria Lucía Álvarez, los ciudadanos sostienen que el lote es suelo protegido y que modificar la ubicación de la obra no desaparece los nacimientos de agua ni la Reserva Forestal.
En contraste, el mandatario local señaló que el predio cuenta con un respaldo ministerial de fondo: “En el año 2008, el Ministerio de Vivienda, mediante la Resolución 1022, sacó todo Encenillos de Sindamanoy de la zona de protección del Río Bogotá”. Añadió que el nuevo diseño ya corrigió los errores del pasado y respeta la ronda de protección de 30 metros alrededor de los cauces identificados.
Aunque la comunidad denuncia movimientos de tierras y talas ilegales en dicho terreno, la alcaldía municipal aseguró que el terreno no cuenta con cuerpo arbóreo y que por el contrario, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, exigió al constructor sembrar 1.850 especies nativas para reforestar la zona como medida de compensación.
La Alcaldía sostiene que negar la licencia con los requisitos técnicos en regla configuraría un abuso de poder. El proceso administrativo de apelación tardará cerca de 40 días en resolverse; no obstante, los líderes comunitarios ya advirtieron que, si el permiso se mantiene firme, acudirán a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para buscar la nulidad judicial de la obra.