Exconcejal de Medellín, Sebastián López, celebra borrador del decreto sobre el derecho a la protesta
El borrador obliga a la autoridad local a instalar una mesa de diálogo dentro de los cinco días hábiles siguientes a una alerta de conflictividad social.
Sebastián López, exconcejal de Medellín, fijó su posición frente al borrador de decreto con el que el Gobierno Nacional busca actualizar las reglas para atender las protestas en Colombia. El texto, publicado por el Ministerio del Interior, modifica el Decreto 003 de 2021, la norma que desde enero de 2021 define cómo actúan las autoridades antes, durante y después de una manifestación. López defendió una universidad abierta, donde el derecho a protestar y el derecho a estudiar se garanticen al mismo tiempo.
El borrador conserva la presunción de que toda manifestación es pacífica y precisa que bloquear una vía no la convierte, por sí solo, en violenta. El cambio principal está en el uso de la fuerza: si se detectan armas, explosivos, retención de personas o daños graves, la Policía podría actuar contra los responsables mientras los canales de diálogo con la manifestación siguen abiertos. Esa actuación sería individual, dirigida contra quien comete el hecho violento y no contra toda la movilización, y el acompañamiento policial se ubicaría a una distancia mínima de cuatro metros de los manifestantes.
“Protestar es un derecho y hay que protegerlo. Tirar una papa bomba no es protestar, y quien lo haga debe responder por eso, no la marcha entera ni el estudiante que solo quiere entrar a clase. En Medellín no vamos a permitir que las manifestaciones ciudadanas perjudiquen a nuestros ciudadanos”, afirmó Sebastián López, exconcejal de Medellín
Para Medellín, el debate no es abstracto. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio, y el borrador le asigna a la autoridad local tareas concretas, como instalar una mesa de diálogo dentro de los cinco días hábiles siguientes a una alerta temprana de conflictividad social.
Quien gobierne la ciudad desde 2028 tendrá que aplicar estas reglas en los alrededores de las universidades, en los corredores viales y en los barrios donde una protesta termina afectando a comerciantes, trabajadores y estudiantes.