Gremio de Pacientes propone una serie de impuestos clave para financiar la salud: está el 4x1000

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La organización sostuvo que la crisis financiera del sector continúa afectando la atención y advirtió sobre interrupciones de tratamientos, demoras en citas, dificultades en la entrega de medicamentos y procedimientos, así como sobre el impacto que estas barreras pueden tener en la vida de los pacientes.

Según cifras citadas por Pacientes Colombia a partir del más reciente informe de la Contraloría General de la República, el déficit del sector salud para 2025 ascendía a $58 billones, sin incluir gastos administrativos ni los datos correspondientes a la Nueva EPS.

La organización también señaló que para 2027 el presupuesto contemplaría cerca de $2 billones adicionales, mientras que, de acuerdo con sus cálculos, se necesitarían al menos $13 billones adicionales para recuperar el nivel de financiación y operación de 2022.

Ante este escenario, Pacientes Colombia planteó varias alternativas de financiación.

Una de ellas es revisar los recursos que no han sido ejecutados por otras entidades del Estado. Denis Silva, vocero de la organización, pidió al Ministerio de Hacienda analizar la posibilidad de trasladar al sector salud recursos no ejecutados de Prosperidad Social y del Ministerio de Igualdad.

“Es imposible implementar el plan de choque, señor presidente, sin recursos adicionales”, afirmó Silva.

El vocero también pidió mantener los denominados impuestos saludables y crear nuevas fuentes de financiación con destinación específica para el sistema de salud.

Entre las propuestas está gravar las apuestas en línea, los vapeadores, así como evaluar nuevos gravámenes sobre actividades como la venta de motos y vehículos eléctricos, bajo criterios de progresividad y viabilidad técnica.

Pacientes Colombia pide mantener el 4 x 1.000

Otra de las propuestas consiste en mantener el gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4 x 1.000, y evaluar una destinación transitoria de estos recursos para el salvamento del sistema.

Silva planteó específicamente analizar la posibilidad de mantener este impuesto durante dos años con destinación específica para salud.

“¿Por qué no pensarnos el 4 por 1.000 por dos años con destinación específica para la salud? La salud es un derecho fundamental, no un milagro”, señaló.

La organización también propuso revisar determinadas exenciones y exclusiones del IVA, al considerar que allí existe un espacio potencial de recaudo. Pacientes Colombia estima que por este concepto el país deja de recaudar entre $88 y $100 billones.

La propuesta, según la organización, debería concentrarse en aquellos beneficios tributarios cuya revisión pueda generar recursos sin afectar bienes y servicios esenciales para los hogares más vulnerables.

También propone intervenir el déficit del FEPC

Pacientes Colombia planteó además actuar sobre el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

La organización propone combinar mayores apropiaciones presupuestales con ajustes paulatinos y socialmente gestionados al precio del diésel, con el propósito de reducir las presiones que este fondo genera sobre las finanzas públicas y liberar recursos para otras prioridades estatales.

Entre sus propuestas también incluyó extender los aportes patronales a salud del 8,5 % a trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos, medida que, según sus cálculos, tendría un potencial de recaudo cercano a $4,5 billones.

Pacientes Colombia insistió en que cualquier recurso adicional debe estar acompañado de mecanismos de eficiencia, transparencia, trazabilidad y control, para garantizar que llegue efectivamente al pago de servicios, medicamentos, tratamientos y al fortalecimiento de la red de prestadores.

Silva cerró su llamado señalando que el Gobierno debe adoptar decisiones para garantizar la continuidad de la atención y atender la situación financiera del sistema.

“La crisis que dejó el gobierno de Gustavo Petro es enorme”, afirmó el vocero, quien posteriormente enumeró cifras sobre pacientes con tratamientos suspendidos y personas que, según la organización, estarían en riesgo por las demoras en la atención.