EE. UU. ampliará evaluación de “carga pública” para quienes soliciten la Green Card
La normativa entrará en vigor desde el 18 de septiembre.
Estados Unidos puso en marcha una nueva normativa para otorgar la Green Card. / Foto: Getty Images / Evgenia Parajanian
El gobierno de Estados Unidos puso en marcha, desde este 18 de septiembre, una nueva regla que amplía los criterios que las autoridades migratorias podrán revisar para determinar si una persona que solicita la residencia permanente podría convertirse en una “carga pública”.
El cambio permitirá considerar una mayor variedad de ayudas gubernamentales, aunque recibirlas no significará automáticamente que una Green Card sea negada.
La norma, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el pasado 20 de julio, elimina la regulación vigente desde 2022 y devuelve a los funcionarios migratorios una mayor discrecionalidad para analizar cada caso según la totalidad de las circunstancias del solicitante.
¿Qué significa ser considerado una “carga pública”?
La figura de “carga pública” es una causal de inadmisibilidad contemplada en la legislación migratoria estadounidense y puede utilizarse para negar determinados beneficios migratorios cuando las autoridades consideran que una persona probablemente dependerá de asistencia pública en el futuro.
Para realizar ese análisis se tienen en cuenta factores como la edad, la salud, la situación familiar, los recursos económicos, la educación y las habilidades del solicitante.
La nueva regla se aplicará a solicitudes de admisión presentadas desde el 18 de septiembre y a solicitudes de ajuste de estatus para obtener la residencia permanente enviadas o presentadas electrónicamente a partir de esa misma fecha.
¿Qué ayudas podrán ser consideradas?
Uno de los principales cambios es que las autoridades podrán tener en cuenta una gama más amplia de beneficios públicos sujetos a comprobación de ingresos.
Entre ellos aparecen programas de alimentación como SNAP y WIC, comidas escolares, determinados programas de Medicaid, ayudas públicas de vivienda, programas de cuidado infantil y Head Start en ciertas circunstancias, además de algunos créditos fiscales sujetos a verificación de recursos.
Esto supone un cambio frente a la regulación de 2022, que limitaba principalmente el análisis a determinadas ayudas económicas en efectivo y a la institucionalización de largo plazo financiada por el Gobierno.
Recibir ayudas no implica que negarán automáticamente la Green Card
La nueva política no establece que recibir SNAP, Medicaid o una ayuda de vivienda sea suficiente por sí solo para rechazar una solicitud de residencia.
Los funcionarios deberán evaluar cuánto tiempo se recibió el beneficio, las condiciones económicas y familiares de la persona, su empleo, edad, salud, educación y otros elementos antes de tomar una decisión.
USCIS explicó que la nueva regla permite a sus funcionarios evaluar todos los hechos pertinentes de cada solicitante de manera individual.
¿A quiénes no se aplica?
La causal de carga pública no afecta a todos los inmigrantes. Existen excepciones para determinadas categorías humanitarias, entre ellas refugiados, asilados, algunos titulares de visas T y U, autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) y ciertos jóvenes inmigrantes especiales.
Tampoco significa que una persona que ya tiene residencia permanente perderá automáticamente su Green Card por recibir algún beneficio público. El cambio está enfocado principalmente en determinadas personas que buscan ser admitidas en Estados Unidos o que solicitan ajustar su estatus para convertirse en residentes permanentes.
USCIS también cambia el formulario para solicitar la residencia
Con la entrada en vigor de la nueva regulación, USCIS anunció además una versión actualizada del Formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente o ajustar el estatus dentro de Estados Unidos.
La agencia advirtió que las versiones anteriores del formulario presentadas a partir del 18 de septiembre ya no serán aceptadas.
Los beneficios sujetos a comprobación de recursos recibidos antes de la entrada en vigor de la nueva norma seguirán siendo evaluados bajo las reglas anteriores cuando corresponda, por lo que el nuevo esquema no se aplicará retroactivamente de manera general.