Fiscalía argumentó presiones a testigos con preacuerdo para pedir cárcel contra Miguel Quintero

Medellín

Este miércoles se realizó la argumentación de la fiscalía 40 para pedir la medida de privación preventiva de la libertad contra Miguel Quintero por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cuya pena, de llegar a probarse, sería de 64 a 216 meses de prisión, y el segundo delito, peculado por apropiación agravado, cuya pena adicional es de 96 a 270 meses.

La representante de la entidad investigativa hizo una extensa lectura de las pruebas con las que cuenta su despacho y detalló algunas acciones que habría ejercido Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Agraga que la orden era controlar las subdirecciones administrativas y ambientales del Área Metropolitana.

“Estaban los contratos grandes que manejaba el área metropolitana al Valle Aburrá. Finalmente, se encargó, se nombró a una persona y, posterior a 2 más que todos eran contratistas encargados de Miguel Quintero. Diana Montoya, que fue novia de infancia de Miguel Quintero, finalizó como subdirectora ambiental”.

La fiscal asegura que era tal el control que el imputado tenía dentro del Área Metropolitana que ordenaba a quién se contrataba y a quién no y el papel que debían cumplir para el presunto entramado de corrupción y que fue corroborado por una testigo protegida.

“Tal como lo manifiesta en el interrogatorio, y el cual dice lo siguiente: lo que sé, Miguel, es que cuando llegaba al área decían, ahí llegó el dueño de la entidad, pero no sé mucho más. Paraban el ascensor en el 2do piso y seguían para la dirección”, manifestó la fiscal.

La fiscal también advirtió que algunos testigos, especialmente Misael Cadavid, quien aseguró que testificará en contra de Miguel Quintero, han recibido múltiples visitas de abogados en su lugar de reclusión en la cárcel de Pedregal, quienes le han indicado que la presencia de ellos solo tiene el carácter de “recomendación” de cómo afrontar el caso. También que el excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, lo ha visitado y que le recomendó ir a juicio para evitar los “enemigos” que este proceso le puede generar. Pero, quizás la visita que más ha llamado la atención es una identificada como German Osorio y quien se hizo pasar como familiar para visitar al señor Cadavid.

“El señor Germán Osorio no es un visitante cualquiera. Es la persona que materialmente extrajo el dinero del esquema que dirigió el imputado Miguel Quintero. El investigador de la Fiscalía General de la Nación través de análisis de las cuentas bancarias del cuerpo de bomberos voluntarios de Itagüí, pudo evidenciar que Osorio figura como beneficiario de 48 cheques girados con cargo a las cuentas del cuerpo de bomberos voluntarios de Itagüí”.

Además, que el Personero de Itagüí, John Frey Ortiz Tabares, estuvo en el centro de traslado el día de la captura y que se le puso a disposición para ayudarlo y que iba de parte del exsenador Carlos Andrés Trujillo.

“Fue a llevarme una razón de parte del jefe, es decir, del señor Carlos Andrés Trujillo, ofreciéndome el apoyo de lo que necesitara y que me ponían los abogados. Inclusive me dijeron que me buscaban cupo para la cárcel del municipio de Santo Domingo, Antioquia. Esto debido a que el alcalde de allá es parte del equipo de Trujillo”.

Para la fiscalía, todas estas visitas tenían como objeto tratar de persuadir a Misael para que no declare en contra de Quintero.

“Estas circunstancias analizadas de manera conjunta omiten advertir un escenario compatible con un riesgo de afectación a la libertad y espontaneidad del testimonio, pues la comunicación no habría estado encaminada a asuntos ajenos al proceso, sino a transmitir inquietudes relacionadas con las declaraciones rendidas”.

Funcionaria de la fiscalía investigada por intervenir en el caso

Durante la audiencia de este miércoles, la señora fiscal expuso una situación que para ella es bastante grave y es que se descubrió que una funcionaria de la fiscalía que no tiene relación con la investigación ingresó al sistema protegido por la fiscalía y extrajo el material probatorio de la funcionaria que adelanta la investigación contra Quintero y las otras tres personas ya imputadas.

“Señor juez, estamos hablando que el primer ingreso y descarga de esta información fue el 16 de julio, fecha en la cual la solicitud de audiencias que hoy nos convoca ya habían sido radicadas 7 u 8 días antes, iniciando la descarga de todo el expediente judicial y esto fue el 17 de julio. Señor juez, hubo 334 consultas, dentro de ellas 293 descargas de información”.

Ante lo expuesto, la fiscalía argumenta la solicitud de medida de aseguramiento al juez 27 penal municipal de control de garantías. Ya que para el ente investigador la libertad de Miguel Quintero pone en riesgo la investigación, los testigos y que además puede salir del país, ya cuenta con los recursos necesarios para ello.

Se espera que la decisión sobre el futuro judicial de Quintero se tome el próximo lunes 21 de septiembre en la audiencia que se programó para esa fecha, ya que el abogado de las víctimas del Área Metropolitana solicitará la misma medida para Sebastián Ortega Urán y argumentará dicha petición en esa reunión judicial.