Amenazas y extorsiones frenan construcción de colegio para 500 estudiantes en Buenaventura, Valle

La construcción de una nueva sede para la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, en el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, permanece paralizada por presuntas extorsiones y amenazas atribuidas a grupos armados ilegales, según denunció la Defensoría del Pueblo.

El defensor regional del Pacífico, David Torres, aseguró que las exigencias económicas ilegales han impedido el desarrollo de una inversión destinada a fortalecer la infraestructura educativa de la zona y denunció que la rectora de la institución estaría siendo intimidada.

“La extorsión no deja que podamos hacer una sede educativa en la Institución de Praga”, afirmó Torres al advertir que la situación también afecta a los contratistas encargados de ejecutar el proyecto.

Según la denuncia, la rectora estaría siendo objeto de amenazas y exigencias económicas ilegales, pese a no tener relación directa con la contratación de la obra. La Defensoría alertó que la falta de garantías de seguridad impide avanzar con una infraestructura considerada prioritaria para la comunidad.

La nueva sede busca beneficiar a cerca de 500 estudiantes que actualmente enfrentan limitaciones de espacio para el desarrollo de sus actividades académicas. Los recursos para la construcción provendrían del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FIE).

Según las autoridades, en la zona rural de Buenaventura tienen presencia el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, así como el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo. Las investigaciones por las amenazas y las presuntas extorsiones estarían orientadas a establecer si alguno de estos grupos tendría relación con los hechos denunciados.

La Defensoría informó que ha realizado acompañamiento a la rectora, coordinaciones con la Secretaría de Educación y reportes a las autoridades competentes, mientras insistió en la necesidad de adoptar medidas urgentes que permitan proteger a la comunidad educativa y garantizar la ejecución del proyecto.

Finalmente, el organismo pidió acelerar las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de las amenazas y de las exigencias económicas ilegales que mantienen frenada la inversión educativa en el Bajo Calima.