Agencia Nacional de Tierras confirma desalojo del consejo comunitario de Orika

Frente a versiones difundidas recientemente sobre un supuesto desalojo al consejo comunitario de Orika, en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— se permite precisar:

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• La Subdirección de Administración de Tierras de la Nación, de la ANT, en su calidad de administradora de bienes baldíos, emitió un requerimiento administrativo tras el vencimiento del plazo acordado para la entrega provisional del predio Hotel Casa Blanca. Dicho plazo, incluida su prórroga, finalizó el 29 de febrero del 2024.

• En este sentido, la actuación de la entidad no corresponde a una decisión arbitraria ni sorpresiva, sino al cumplimiento de los términos establecidos en un acta previamente suscrita entre las partes, en la que se definieron condiciones claras para la restitución del inmueble.

• La Agencia Nacional de Tierras aclara que el documento emitido no ordena un desalojo forzoso inmediato. Por el contrario, solicita la coordinación de la entrega del predio dentro de un plazo determinado, conforme a los procedimientos legales vigentes.

• Asimismo, reconoce la importancia de los derechos de las comunidades étnicas, incluidos los derechos a la consulta previa y al debido proceso. Sin embargo, insiste en la necesidad de que el debate público se sustente en información completa y verificable, evitando interpretaciones que puedan generar confusión o desinformación.

• En el desarrollo de este proceso, la ANT adelantó dos mesas de trabajo con la comunidad del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, en articulación con los representantes legales del consejo comunitario de Orika. Como resultado de estos espacios, se definió una ruta de plan de choque que contempla la entrega provisional del predio hasta el próximo 23 de junio, periodo en el que se estructurará el contrato a suscribir con la comunidad.

• La Agencia Nacional de Tierras reitera su disposición al diálogo institucional y al respeto por los mecanismos legales que rigen este tipo de procesos, con el propósito de avanzar en soluciones que armonicen el marco jurídico con las realidades sociales del territorio.