Comité No Más Peaje exige claridad al Gobierno tras el fin de la concesión Autopistas del Caribe

La incertidumbre sobre el futuro del peaje de Turbaco ha generado una nueva ola de indignación entre los integrantes del Comité No Más Peajes tras conocerse una respuesta oficial del Instituto Nacional de Vías (Invías). El organismo manifestó que a la fecha no es posible señalar de manera clara y definitiva cuál será el tratamiento de esta estación una vez culmine el proceso de reversión al Estado, argumentando que aún se requieren evaluaciones técnicas sobre la infraestructura del Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla.

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Desde el movimiento social calificaron la postura de la entidad como una falta de responsabilidad institucional puesto que el proceso de entrega de la concesión Autopistas del Caribe ya está en marcha. Según el Invías la definición del plan de acción para los seis peajes que integran el proyecto solo se dará cuando finalicen las visitas técnicas, estimando que el proceso de reversión total de la vía al Gobierno Nacional se complete en julio de 2026.

El comité también cuestionó con dureza la implementación del sistema de pago electrónico Colpass en la caseta de Turbaco por considerar que esta medida busca normalizar y perpetuar un cobro que carece de justificación legal. Los líderes ciudadanos señalaron que resulta contradictorio avanzar en la modernización del sistema de recaudo cuando la comunidad exige el desmonte definitivo de la estructura, especialmente ahora que la administración pasará a manos públicas tras el fracaso del cierre financiero de la concesión privada.

Ante la falta de respuestas contundentes el Comité No Más Peajes lanzó un ultimátum a las autoridades nacionales y territoriales advirtiendo que si al 17 de abril no se han establecido mesas de trabajo formales iniciarán jornadas de protesta en las vías del departamento. El grupo hizo un llamado directo a la Gobernación de Bolívar y a las alcaldías locales para que fijen una posición clara en defensa de los usuarios y evitar que la transición del contrato se convierta en una prórroga indefinida de un peaje ampliamente rechazado por la ciudadanía.