Embargos por $2,6 billones a EPS: usuarios advierten impacto en medicamentos y tratamientos

La Superintendencia Nacional de Salud alertó por embargos superiores a 2,6 billones de pesos a recursos de EPS intervenidas, una situación que podría afectar la atención de millones de usuarios en el país.

Según la entidad, a este panorama se suman otros 32 mil millones de pesos en embargos a EPS no intervenidas, lo que amplía el alcance de la crisis en el sistema de salud.

Ante este escenario, la Superintendencia activó la Red de Controladores del sector salud, un mecanismo que articula entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para proteger los recursos del sistema y evitar afectaciones en la atención a los usuarios.

La activación de esta red se da en medio de crecientes alertas por el impacto financiero en las EPS y el deterioro en la prestación de los servicios.

La presión en las EPS y lo que está en juego

De acuerdo con el informe, la mayor concentración de recursos embargados está en entidades bajo intervención estatal.

Entre ellas, Nueva EPS concentra cerca de 2,1 billones de pesos, seguida por Coosalud, con más de 340 mil millones, y Asmet Salud, con cerca de 137 mil millones.

La Supersalud reiteró que estos recursos son de carácter público, tienen destinación exclusivamente a la prestación de servicios y son considerados inembargables, por lo que su retención podría comprometer directamente la atención en salud.

El impacto no es menor. La falta de flujo de estos recursos podría traducirse en retrasos en pagos a clínicas y hospitales, demoras en la entrega de medicamentos, dificultades en la asignación de citas médicas y riesgos en la continuidad de tratamientos.

Además, la entidad advirtió que esta situación podría generar un aumento en las quejas de los usuarios y en las acciones judiciales dentro del sistema.

“No es solo plata, es la vida de los pacientes”

Desde la Mesa de Asociaciones de Usuarios, su vocero, Álvaro Molina, aseguró que la crisis ya se refleja en la atención de los colombianos.

“Vemos con preocupación cómo cada día más se agudiza esta grave crisis humanitaria en salud. Todo este sistema desfinanciado se ve reflejado en no entrega de medicamentos, en no asignación de citas, en interrupción de tratamientos y lo peor, en la vida de los colombianos”, afirmó Molina.

El vocero también hizo un llamado urgente al cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la financiación del sistema.

“No estamos hablando solo de recursos, estamos hablando de la vida de los colombianos. Por eso urge un acuerdo humanitario para resolver esta crisis en salud”, señaló.

La Superintendencia confirmó que el informe fue remitido a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría para que evalúen posibles afectaciones al derecho fundamental a la salud y adopten las acciones correspondientes.