Más de 180 mil víctimas han sido acreditadas por crímenes ocurridos norte del Cauca y sur del Valle

Durante la apertura oficial de la sede territorial de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, al norte de Cali, que atenderá a las víctimas del conflicto armada de los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP, aseguró que esta región ha sido profundamente impactada por la violencia, y por ello ocupa un lugar central en el trabajo de la JEP.

“Aquí se desarrolla el Caso 05, que investiga graves crímenes ocurridos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, que afectaron a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas. Solo en este caso, más de 180.000 víctimas han sido acreditadas.

En el marco de este proceso, sostuvo el Magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de JEP, 21 máximos responsables han sido imputados por conductas como ataques a la población civil, uso de minas antipersonal, afectaciones a la naturaleza, asesinatos, desapariciones forzadas, reclutamiento y confinamiento, entre otros crímenes.

“El año pasado, nueve de ellos reconocieron públicamente su responsabilidad en audiencia, y se preparan ahora para comparecer ante el Tribunal para la Paz, que evaluará dichos reconocimientos y podrá imponer sanciones de carácter restaurativo”, sostuvo Ramelli.

Agregó que, en la fase nacional del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, también se adelantan investigaciones por hechos ocurridos en el Valle del Cauca.

“En este departamento, además, se han adoptado medidas concretas para la protección de la vida y la dignidad. Un ejemplo de ello es la protección de puntos de interés forense en el manglar del Estero San Antonio, en Buenaventura, con el fin de garantizar la búsqueda de posibles víctimas de desaparición forzada y evitar cualquier intervención que ponga en riesgo la recuperación de cuerpos", sostuvo el Presidente de la JEP.

De igual forma, esta región se proyecta como un escenario donde los integrantes del antiguo Secretariado de las FARC podrán cumplir las sanciones que eventualmente imponga el Tribunal para la Paz por el delito de secuestro, contribuyendo a la búsqueda, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas.

Magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de JEP, puntualizó que: “no muy lejos de aquí, el año pasado, comparecientes de las Farc y de la Fuerza Pública trabajaron de manera conjunta en la construcción de 500 osarios en el Cementerio Central de Palmira”. Este tipo de acciones reflejan el sentido restaurativo de la justicia que estamos construyendo.