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Piden sancionar a concejales de Bogotá por aprobar “La Rolita” sin estudios previos

Un grupo de concejales y exconcejales de Bogotá enfrenta una solicitud de sanción ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, acusados de aprobar la creación del operador de transporte público “La Rolita”

Concejo de Bogotá

Colombia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca recibió una solicitud para sancionar a 24 concejales y exconcejales de Bogotá que, durante su periodo en el Concejo (2020-2023), aprobaron la creación de “La Rolita”, el operador de transporte público del Distrito, sin estudios previos. La denuncia señala que este proyecto, integrado en el Plan de Desarrollo Distrital, se autorizó sin contar con el respaldo técnico que justifica el uso de recursos públicos.

Acusan mal uso de recursos públicos

La solicitud advierte que los concejales “destinaron fondos públicos a un proyecto sin la debida justificación”, lo que habría violado la normativa que exige estudios técnicos, financieros y administrativos antes de aprobar una iniciativa de este tipo. Según el documento presentado, la falta de estos estudios compromete la transparencia y la adecuada planeación en el uso de los fondos de la ciudad.

Concejales destacados en la denuncia

Entre los concejales y exconcejales mencionados en la solicitud se encuentran:

  • Susana Muhamad
  • Diego Cancino
  • Andrea Padilla
  • Álvaro Acevedo
  • Carlos Carrillo
  • Celio Nieves
  • María Fernanda Rojas

La denuncia incluye un total de 24 nombres que participaron en la votación para aprobar la creación de “La Rolita”.

¿Qué sigue para los concejales?

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca evaluará si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal y determinar si estos concejales incurrieron en uso indebido de recursos. De encontrarse responsables, podrían enfrentar sanciones que afectarían su participación en el servicio público.

Este caso plantea nuevamente la discusión sobre la responsabilidad y el rigor técnico en la toma de decisiones que comprometen recursos públicos y el adecuado desarrollo de los servicios en Bogotá.