ONU condena atentado contra padre de la vicepresidenta Francia Márquez

Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por el ataque contra el padre de la vicepresidenta, destacando que este incidente se suma a una serie de eventos violentos recientes en el país.

“Estamos muy preocupados por el nivel de violencia que vive la población en Colombia, incluyendo el atentado de ayer contra el padre de la vicepresidenta; dos atentados la semana pasada en Jamundí, Valle del Cauca, que dejaron varias personas heridas; los ataques a estaciones de policía de Suárez, y Cajibío, en Cauca, que afectaron viviendas y la salud de una bebé en un hospital; los combates en medio de la población civil en Madrigal -Policarpa- Nariño; el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en diferentes regiones, como Cauca, Caquetá, Huila o Nariño; y el homicidio de personas defensoras y líderes”, dijo De Rivero.

La ONU ha enfatizado la necesidad de que el Estado colombiano refuerce su presencia integral en las zonas más afectadas por la violencia y adopte una política de seguridad humana efectiva. Además, ha llamado a desmantelar las estructuras criminales que perpetúan la violencia en el país.

“El Estado, en su conjunto, autoridades civiles y militares, deben trabajar para recuperar la gobernabilidad y proteger los derechos humanos. Esto se puede lograr implementando la política de seguridad humana, adoptada por el gobierno y que debe ser desarrollada en todos los niveles, civiles y militares, y acompañada por la política de desmantelamiento de la criminalidad, con investigaciones de fondo frente a las estructuras que favorecen la violencia. Esta acción conjunta y una estrategia territorial de protección de derechos humanos puede cambiar la situación que está viviendo Colombia. Colombia tiene la capacidad de cambiar la violencia por la garantía de derechos”, añadió De Rivero.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también ha subrayado la importancia de los diálogos de paz para proteger a la población civil, fortalecer la presencia estatal y frenar la violencia y la expansión territorial de grupos armados no estatales en Colombia.