Cancillería diseñó una licitación ilegal para el contrato de los pasaportes

La Cancillería estuvo negociando con la firma Thomas Greg & Sons sobre la licitación de los pasaportes, no obstante, no llegaron a una conciliación. Es por esto que la empresa señaló que tomaría medidas legales y que demandaría al Estado colombiano por un valor que asciende a los 117.000 millones de pesos.

La demanda fue anunciada este martes luego de que se diera la tercera audiencia de conciliación, en donde participaron Thomas Greg & Sons y la Cancillería. Tras no lograr un acuerdo, la empresa anunció la demanda.

Por su parte, la empresa señaló que el comité conciliador de la Cancillería habría indicado que conciliaría, pero que esto no lo vieron reflejado en la certificación expedida. “En la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité solo se daba cuenta de la primera de las decisiones: revocar los actos por ilegales y señalaba que el ministro (Álvaro Leyva, quien no está de acuerdo con conciliar) era quien debería revocar los actos. Sin embargo, nada decía de la adjudicación del contrato a la Unión Temporal, presupuesto básico para lograr el acuerdo”.

Adicionalmente, Thomas Greg & Sons comentó que no evidenció si se aceptaba o no los servicios adicionales ofrecidos como parte de la fórmula de arreglo. “Lo más grave, desconocía el mandato del artículo 89 de la Ley 2220 de 2022, que con total claridad señala que es el acta de acuerdo conciliatorio la que sustituye los actos que se quieren revocar, sin que sea necesario ninguna intervención del Comité”

En medio de esto, en Caracol Radio estuvo Ernesto Matallana, nuevo abogado de la Cancillería, conversando sobre el caso de los pasaportes y la demanda de Thomas Greg contra el Estado. De esta forma, manifestó que “el objeto ilícito no genera reparación sobre lucro cesante”, por lo que van a dar una lucha legal en este proceso.

El abogado aclaró que el caso lo conoció a fondo luego de que la Cancillería lo convocara. “En mi caso, cuando a mí me contratan, ya hay un escenario concreto. El comité de conciliación ya se había reunido y ya habían decidido que conciliaban con una condición”

Con esto, explicó que la condición era “era que como la revocatoria es un acto administrativo, la revocatoria tenía que ser de competencia del representante legal, en este caso el canciller, y la adjudicación también. Esa fue la posición que yo llevé a la Procuraduría”

Asimismo, Matallana comentó que tras la convocatoria para asesorar la entidad, lo que evidenció fue una declaratoria desierta basada en la violación de principios de elecciones objetiva. “El proceso en sí mismo no garantizó la participación. Eso es lo que retoma el canciller y en el artículo 24 de la Ley 80 se establece la posibilidad de declarar ineficaz de pleno derecho cuando los pliegos no correspondan con lo que la ley exige”