“Es imposible que vayamos a asumir esa alimentación”: Asointermedias

Colombia

En el marco de la asamblea extraordinaria de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, Óscar Eduardo Escobar, alcalde de Palmira y presidente de la asociación, insistió en que esta es una inmensa responsabilidad para las alcaldías y municipios del país que además, pone en riesgo los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

“Creo que tenemos que ser muy contundentes con esta situación. Que a uno como alcalde le anuncien, vea que en 27 días le toca dar la comida a usted, eso no es así, cómo se les ocurre señores, si es el gobierno nacional, el ministerio de Justicia y la USPEC, quienes tienen incorporados los presupuestos para hacer esa labor porque siempre la han hecho”, dijo.

De hecho, Escobar aseguró que este no es el modo en que debe llevarse a cabo la descentralización en el país. “Es que nosotros estamos en un periodo de gobierno en el cual, con la excusa de la pandemia, se ha trasladado una inmensa responsabilidad de la nación a los municipios y la descentralización no puede ser así. La descentralización no puede ser transmitir responsabilidades sin transmitir los recursos”.

De igual modo, señaló que la reducción del hacinamiento carcelario en el país se debe a que las cárceles han dejado de recibir a los presos. “Nos toca tenerlos a nosotros alcaldes en las estaciones de policía y con menos policías en el país que hace 10 años. En vez de estar los pocos policías que tenemos patrullando las calles, nos toca tenerlos en estaciones cuidando unos personajes que deberían estar en las cárceles”.

Por ejemplo, el alcalde mencionó que solo a Palmira, la alimentación de las personas privadas de la libertad le puede costar más de 2 mil millones de pesos al año, por lo que hacen una invitación al gobierno nacional para que escuchen sus propuestas.

“Hemos propuesto un proyecto de ley desde Asointermedias y Asocapitales para distribuir mejor esas responsabilidades teniendo en cuenta el fallo de la Corte Constitucional. Y si el ministerio de Justicia y la USPEC quieren hacer una transición pues deben sentarse con nosotros a planear esa transición y una transición planeada requiere por lo menos un año, porque es que las entidades territoriales hacemos presupuestos de un año y tendremos que hablar de fuentes de financiación”.

Desde Asointermedias no sólo se oponen a esta decisión, sino que aseguran que no es viable que se lleve a cabo de aquí al 1 de agosto.